Ciudad de Panamá, 23 abr (EFE).- Las autoridades de Panamá buscan crear un registro de “ofensores sexuales” que pretende dar al Estado “mayor claridad” sobre las personas que han cometido este tipo de delitos y prevenir que se repitan, en momentos en que casos de abusos que involucran a menores y hasta políticos conmocionan al país.

La creación del llamado Registro Oficial de Ofensores Sexuales se ampara en un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría oficialista, que debe ser sancionado por el presidente panameño, Laurentino Cortizo.

Este registro “contendrá información detallada de las personas mayores de edad que sean condenadas o estén cumpliendo condenas, mediante sentencia debidamente firme, por los delitos contra la libertad e integridad sexual en sus diversas modalidades”, según dice el proyecto de ley.

“En esta lista, la gente puede conocer quién ha cometido estos delitos aberrantes. Nos dimos cuenta, sobre todo con el caso de los albergues, que personas que habían sido condenadas por abusos, por actos libidinosos, estaban trabajando con menores”, declaró a Efe la diputada oficialista Zulay Rodríguez, impulsora del proyecto.

Un informe parlamentario difundido en febrero pasado señaló que decenas de menores en albergues supervisados por el Estado fueron víctimas de abusos sexuales y malos tratos al menos desde 2015, lo que generó indignación en el país y numerosas protestas para exigir castigo para los culpables.

La Fiscalía tiene abiertas varias investigaciones, algunas desde 2018 según la información oficial, por los casos abuso sexual, malos tratos e irregularidades administrativas en los albergues. Ya hay identificadas cerca de una veintena de víctimas, y una de las seis personas imputadas, hasta ahora, fue condenada.

Otro caso que ha generado polémica es el del diputado oficialista Arquesio Arias, quien estuvo en prisión domiciliaria desde octubre de 2019 hasta la semana pasada, cuando en un juicio fue exonerado de los delitos de violación carnal y actos libidinosos contra dos mujeres, un fallo que ha provocado duras críticas al sistema de Justicia y algunas protestas callejeras.

Según los datos de la Fiscalía, las denuncias “Contra La Libertad e Integridad Sexual” registraban un crecimiento en los últimos años, con 6.256 en 2018 y 6.883 en el 2019, y una caída en el 2020 (5.469), lo que expertos adjudican a las restricciones a la movilidad impuestas durante una parte del año debido a la pandemia.

¿CÓMO FUNCIONA EL REGISTRO?

El Registro Oficial de Ofensores Sexuales, que estará a cargo de la Dirección de Investigación Judicial, contendrá los datos detallados de personas condenadas en firme por delitos sexuales, tráfico de personas menores de edad y trata de personas con fines de explotación sexual, dice el proyecto legislativo.

El registro será actualizado y verificado cada seis meses, y el “ofensor” deberá notificar con díez días de antelación cualquier cambio de domicilio.

El objetivo del listado es que sirva como una base de datos a ser consultada por “operadores de justicia y su cuerpo auxiliar” y para la “emisión de certificados de no agresor sexual”, el cual será necesario para trabajar con menores de edad.

El empleador, empresa o institución que trabaje con menores tiene la “obligación” de solicitar un “Certificado de No Ofensor Sexual”, si no se le podrá imponer multas entre 5.000 y 10.000 dólares, según el proyecto legislativo.

“Con esta ley queremos buscar una prevención de estos casos. Tenemos que reconocer que en algunos casos, las personas cometen este tipo de delitos debido a trastornos, condiciones o patologías. Esto se conoce como la prevención situacional del delito”, explicó Efe el diputado independiente y uno de los propulsores, Juan Diego Vásquez.

El registro pretende que “el Estado tenga mayor claridad de quienes son agresores sexuales, establecer políticas preventivas muy específicas que no permitan a estas personas estar en espacios cerca de menores, que el Estado pueda llevar un registro donde se pueda ver dónde están”, especificó Vásquez.

Aún así, la socióloga y experta en temas de género Eusebia Solís cuestionó este proyecto de ley bajo la siguiente premisa: “¿Es justo que alguien que ya haya pagado una condena continúe en un registro?”.

 

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