El Gobierno de Panamá informó este miércoles que autorizó un máximo de 3.544,9 millones de dólares para hacer frente en 2020 y 2021 al estado de emergencia nacional originado por la pandemia de la covid-19.

El estado de emergencia nacional fue decretado el 13 de marzo de 2020 e incluyó un «procedimiento especial de adquisición de bienes, servicios y obras», que estuvo vigente hasta el pasado 31 de diciembre y que ha sido criticado por diversos sectores del país por su supuesta opacidad.

Aunque se levantó la emergencia para las compras públicas, «se mantienen vigentes las medidas extraordinarias de carácter social y económico, es decir, los programas de ayuda, al igual que las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud (Minsa).

PLAN DE AYUDA SOCIAL

El vicepresidente panameño y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, precisó este miércoles que del total de 3.544,9 millones de dólares autorizados entre 2020 y 2021 por la emergencia nacional, el 58 %, es decir, 2.073,3 millones de dólares «corresponden al financiamiento del Plan Panamá Solidario, así como otras actividades derivadas de la emergencia nacional, de las cuales rendirán cuentas las entidades ejecutoras», dijo Carrizo.

El plan Panamá Solidario consiste en la entrega de un vale digital, actualmente de 120 dólares, y de bolsas de alimentos a los más afectados por la crisis derivada de pandemia, que disparó el desempleo y afectó fuertemente a la economía del país.

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, dijo el domingo en una rendición de cuentas semestral ante el Parlamento que Panamá Solidario ha sido «una de las iniciativas más complejas de apoyo a la población» y que «ha representado un esfuerzo económico extraordinario, sostenido, único en la región, que contribuye a mantener la paz social en el país».

COMPRAS POR LA EMERGENCIA

Carrizo detalló que el 42 % de los 3.544,9 millones de dólares autorizados entre 2020 y 2021 por la emergencia nacional, es decir, 1.471,6 millones de dólares, «corresponden al Procedimiento Especial de Adquisiciones de Emergencia».

Del uso de esos fondos, dijo Carrizo, «rendirán cuentas las entidades ejecutoras», para lo que tiene plazo hasta el próximo abril según se informó el pasado 30 de diciembre, cuando se anunció el fin del régimen que permitió las compras de emergencia.

Las compras de implementos médicos o construcción de infraestructura durante la pandemia provocaron algunos escándalos en Panamá que derivaron en investigaciones penales, varias de las cuales culminaron sin que se comprobara algún acto de corrupción.

Transparencia Internacional (TI) capítulo de Panamá recordó en agosto pasado que debido a la pandemia existía en Panamá «un estado de excepción por emergencia, decretado por el propio Ejecutivo» que se eximía «a sí mismo de los controles y rendición de cuentas regulares y la transparencia proactiva, en medio de notables indicios de actos de corrupción por parte de funcionarios».

RENDICIÓN DE CUENTAS

El vicepresidente precisó que del total de los recursos autorizados por la emergencia sanitaria, 1.621,7 millones de dólares correspondieron al ejercicio fiscal de 2020 y 1.923,2 millones de dólares al de 2021.

Asimismo, del total autorizado para 2020 y 2021, unos 3.103,8 millones de dólares fueron traslados de partidas gestionados por el Ministerio de la Presidencia a otras entidades con motivo de la pandemia, indicó la información oficial.

El Ministerio de la Presidencia ha coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, «la orientación sobre los procedimientos de Rendición de Cuentas, a todas las entidades usuarias de estos fondos, cada vez que lo han demandado, sin detrimento de las atribuciones constitucionales y legales de cada una», dijo Carrizo.

Añadió que «la firma de Auditores BDO realizó un informe de aseguramiento para los periodos de marzo a octubre de 2020 y de noviembre de 2020 a junio de 2021, y concluyó que el Ministerio de la Presidencia llevó controles idóneos de registros de los fondos que asignó a las entidades del Gobierno Nacional».