Al menos 13 personas murieron en abril supuestamente a manos de estos grupos. Foto: RunRun.es

Los denominados “colectivos” se desplazan en motocicletas, portan armas ilegalmente e irrumpen en marchas opositoras

Se hacen llamar “colectivos de paz”, pero sus acciones incitan a la violencia. Son civiles armados ilegalmente, y el Estado lo sabe. A pesar de ello, no son detenidos y disparan indiscriminadamente contra los ciudadanos que acuden a las actividades convocadas por la oposición venezolana.

Estas pandillas se desplazan en moto y se encargan de infundir pánico entre los ciudadanos que salen a las calles para expresar descontento con el gobierno de Nicolás Maduro. El excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, los define como “grupos paramilitares” y responsabiliza al Ejecutivo no solo de suministrarle recursos y armamento, sino de adoctrinarlos.

Sus actuaciones se remontan a las elecciones celebradas en Venezuela hace siete años. Para esa época, se trasladaban a los centros de votación ubicados en zonas populares para arremeter contra testigos de los partidos adversos al chavismo, impedir el cierre de la jornada en el horario previsto, y trasladar a ciudadanos a votar fuera del plazo fijado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿De dónde salieron los colectivos?

A partir de 2014, la participación violenta comenzó a ser más activa. Las redes sociales se llenaron de fotografías de civiles infiltrados en actividades de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Pistola en mano, el paso de estos individuos deja heridos y fallecidos. La impunidad galopante les permite incurrir en hechos delictivos sin ser detenidos y procesados de conformidad con el marco jurídico vigente.

Solo durante el mes de abril, 13 ciudadanos que manifestaban contra Maduro perdieron la vida supuestamente a manos de colectivos, tanto en Caracas como en el interior de la República, informó la ONG Programa Venezolano en Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea).  La mayoría de los decesos se han producido en el interior del país.

Si bien se designaron fiscales para investigar los casos, el temor de la oposición es que el procedimiento no avance, no se establezcan las responsabilidades inherentes y los asesinos permanezcan en libertad.

A la fecha, civiles armados estarían presuntamente involucrados en la muerte de: Miguel Ángel Colmenares (34), Brian David Jiménez (14), Carlos José Moreno (17), Niumar Sanclemente (28), Paola Ramírez (23), Kevin León (19), Orlando Medina (23), Ramón Martínez (28), Francisco González (34).

Sujetos violentos y con antecedentes policiales

El abogado Luis Izquiel describió a los colectivos como “grupos paramilitares creados por el Gobierno para hacer el trabajo sucio”. Recordó que estas agrupaciones imitan a las camisas negras de Benito Mussolini (Italia), el Tonton Macoute de Francois Duvalier (Haití), los batallones por la dignidad de Manuel Antonio Noriega (Panamá), y las camisas pardas (Alemania).

Precisó que por mandato constitucional (artículo 324) solo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) puede manejar y tener acceso a armas de guerra. “El control de las municiones y armas es competencia de los militares, no de civiles. El problema principal de Venezuela es la falta de institucionalidad”.

Aseguró que estas bandas “son financiadas para el control político de la población. Algunos tienen antecedentes violentos, registros policiales, además de estar incursos en delitos como robo y secuestro. Se dice que están incorporados a nóminas de instituciones públicas. Hay testigos que aseguran que los colectivos incurren en venta de comida con sobreprecio”, dijo.

Instó a la Fiscalía y a los tribunales del país a actuar de conformidad con lo establecido en la ley. “Estos colectivos tienen un papel preponderante porque en el país no hay institucionalidad. Es momento de ponerles coto y condenarlos por los delitos cometidos”, enfatizó.

Al cierre de esta edición, 34 personas habían fallecido en actividades relacionadas con las protestas opositoras. A pesar de la zozobra y el miedo que generan los colectivos, nada parece detener a la ciudadanía y dirigencia política que ve en las elecciones generales un mecanismo para recuperar la gobernabilidad.

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