En un comunicado la Gran Alianza Nacional que dirige Enrique Aristeguieta Gramcko, manifestó que la acusación de la justicia norteamericana contra Raúl Gorrín por corrupción y lavado de dinero así como la declaratoria de culpabilidad por conspiración de Alejandro Andrade, ex tesorero nacional de Venezuela, constituyen un duro golpe tanto al régimen venezolano como a la falsa oposición.
A partir de este momento, conviene reinterpretar el comportamiento de la MUD a la luz del descubrimiento –plenamente comprobado– de que el dueño de Globovisión es un delincuente, vinculado al régimen de Maduro.
Y fue así, financiando diputados, como Gorrin y otros, llegan a tener su fracción parlamentaria. Tanto ha pesado dicha fracción, que ha logrado impedir a un grupo de parlamentarios el declarar inadmisible la presencia de Zapatero.
De Andrade mucho se sabía, pero la noticia sobre quién es Gorrín explica muchas cosas sobre el comportamiento contradictorio de la Asamblea Nacional: ¿Por qué se destituyó a Maduro más de una vez, pero no se nombra sustituto? ¿Por qué se designa un TSJ Legítimo para luego desconocerlo? ¿Por qué jamás se investigó el tema de la nacionalidad colombiana de Maduro? ¿Por qué se convocó un plebiscito que jamás se acató? ¿Por qué hubo dirigentes políticos que se sentaron a dialogar con el régimen, sabiendo que eso no llevaría a ningún lado? ¿Quién financió la campaña contra la verdadera oposición, tildándola de radical, guerreros del teclado, abstencionistas, violenta y utraderechista?
En cuanto a los medios de comunicación, algunos tienen que ser también desenmascarados. Desde que Gorrín la compró, Globovisión nunca fue un canal opositor, sino un medio colaboracionista, con periodistas e invitados colaboracionistas, financiados por Gorrín. Numerosos entrevistadores de radio y articulistas supuestamente opositores, en verdad trabajaban para Gorrín y otros boliburgueses, y su intención ha sido descalificar a la verdadera oposición.
Usando el chantaje de la “Unidad”, dirigentes políticos que eran financiados por Gorrín y otros boliburgueses, se dieron a la tarea de secuestrar la agenda opositora, para darle oxígeno al régimen, y de descalificar a quienes planteaban soluciones efectivas para salir de Maduro. Estos mismos dirigentes fueron quienes pidieron a los Estados Unidos no sancionar a los funcionarios del régimen, como lo confesó Roberta Jacobson ante un asombrado Marco Rubio (https://hrld.us/2KqaRQR).
Paradójicamente, la acusación contra Andrade, Gorrín, Derwick y otros boliburgueses, abre la oportunidad para depurar la oposición de líderes colaboracionistas (o sea, comprados o chantajeados por el régimen), y plantear una estrategia opositora que logre el cambio de gobierno.