Por: Betilde Muñoz-Pogossian (*)
-La versión en inglés de este artículo fue publicada primero en Caracas Chronicles-
Venezuela tendrá elecciones presidenciales en diciembre de 2024. Por supuesto que la negociación que se lleva a cabo en México (si se reinicia) sería el espacio ideal para negociar condiciones para una competencia libre y justa y para una observación internacional que puedan contribuir a la integridad del proceso. Pero además de garantizar la transparencia y equidad en el período preelectoral, un proceso de votación y una jornada de votación limpios e inclusivos, y un proceso de conteo de votos transparente y ordenado, los actores políticos deberán asegurarse de que la elección de 2024 responda a una nueva situación: la inclusión electoral de aquellos elegibles dentro de los 6 millones de venezolanos que ahora viven en la diáspora.
Se escucha que parte de la oposición está dispuesta a ir a unas elecciones sin que los venezolanos voten en el exterior; esto sería un error. Algunos rectores dentro del Consejo Nacional Electoral están insistiendo en hacer arreglos para que los venezolanos voten en el exterior, no sin resistencias seguramente; pero, de nuevo, no incluir a la diáspora sería un error.
Excluir el voto de los venezolanos en la diáspora en las elecciones presidenciales (o referéndums, como lo establece la Constitución) va en contra del espíritu de la carta magna, sería una gran falencia de una elección que supuestamente debe ser libre y justa para que garantice una cierta normalización democrática en el país, y atentaría contra la transición venezolana a la democracia desde su origen.
Entonces, Venezuela necesita que su diáspora vote en las elecciones de 2024 y en las que vendrán, según indica la Constitución. Hoy en día que no son unos cientos de miles sino millones, se debe mirar a la región y al mundo, y aprender de la experiencia de otros países que tienen mucha práctica en la inclusión electoral de sus connacionales en el exterior. En realidad, Venezuela no es una excepción; es parte del grupo de otros 16 países latinoamericanos que permiten legalmente a sus ciudadanos votar desde otros países.
Hay algunos temas en los que hay que pensar para asegurar su participación en la totalidad del ciclo electoral. Estos incluyen (a) definir la elegibilidad de quién votaría, (b) definir los requisitos, plazos y condiciones para que la diáspora se registre para votar, (c) definir la modalidad del proceso de votación, y (d) definir cómo los resultados electorales serán contados y transmitidos desde otros países.
Quienes podrán votar
En cuanto a lo primero, la definición de la elegibilidad de quienes podrán votar, esto tiene que regirse por el espíritu de la Constitución, que estipula que todos los ciudadanos venezolanos pueden votar desde el exterior sin condiciones.
Vienen a la mente dos cuestiones. Por un lado, la necesidad de eliminar la restricción del TSJ que impide votar a los venezolanos a menos que puedan acreditar su regularización en el país donde votan. Esto es completamente contrario al Estado de Derecho y viola los derechos políticos de los venezolanos. Los venezolanos son venezolanos donde quiera que estén. Entonces necesitan poder registrarse para votar y votar, sin importar su estatus migratorio.
Un segundo tema es la forma en que se agregan sus nombres al registro electoral. ¿Será esto automático una vez que se actualicen los registros consulares/electorales? ¿O se les exigirá que se presenten físicamente en las embajadas y consulados venezolanos (abordaremos este tema más adelante) para registrarse? Y si es así, ¿habrá auditoría y garantías de que esto se está haciendo correctamente? ¿Quién auditará el registro de venezolanos en el exterior? ¿Representantes de los partidos de oposición en el exterior? ¿Ciudadanos en general? ¿Habrá apoyo de la comunidad internacional en esto?
Por último, hay otro tema súper clave: la falta de confianza de los venezolanos en los procesos electorales. Es clave generar confianza en la gente y darles seguridades de que su información no será utilizada en su contra. Se les debe asegurar de que su información no se utilizará, por ejemplo, para denunciarlos a las autoridades de inmigración en los países receptores si se encuentran en estado irregular, o que no será utilizada ni por la oposición ni por el régimen de Maduro con fines electorales. Será crucial estar preparado para combatir las campañas de desinformación al respecto. Y para ser honestas, probablemente solo una organización internacional podría generar la confianza necesaria a la ciudadanía en el exterior.
Por cierto, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) tiene muchísima experiencia en esto del voto en el exterior, y sería ideal que pueda apoyar desde su rol neutral.
Un segundo tema en el que hay que pensar tiene que ver con los requisitos para registrarse, y también puede haber un problema importante, considerando el acceso limitado de los venezolanos a los documentos de identidad. Para las elecciones de 2024, se deberá tomar una decisión sobre qué forma de identificación necesitarán los venezolanos para registrarse y votar. En el pasado, los venezolanos han votado con un pasaporte válido y una cédula de identidad válida o vencida. Los que tienen la suerte de tener estos documentos ya están listos, pero necesitamos una solución para los millones que no los tienen. Porque sí, la democracia también se trata de encontrar soluciones para incluir a todos los que necesitan ser incluidos y hay que empezar a planificar ya para tener el tiempo suficiente para que todo este alineado para 2024.
Estos son algunos temas a considerar en la etapa pre-electoral. Ahora sobre el voto.
Cómo votar desde el exterior
Ahora, para la votación en sí, hay un nuevo grupo de desafíos que comienzan con dónde y cómo podrán votar los venezolanos. Ya existen algunas modalidades para la votación de la diáspora utilizadas por otros países que pueden servir de modelo. Estos incluyen el voto por poder (proxy voting) y por correo, el voto electrónico y el voto consular, por mencionar algunos.
El voto por poder implicaría que una persona autorizada emita un voto en nombre del votante, con el acuerdo, por supuesto, de que votará según la intención del votante en el extranjero. Bélgica, Francia y Suecia han utilizado este modo de votación en el pasado. A través del voto por correo, se entrega un paquete electoral al votante de la diáspora en su domicilio en el país donde se ha establecido, quien luego envía su voto por correo directamente al organismo electoral. Países como Francia, Alemania, Islandia y México en nuestra región tienen experiencia con este tipo de votaciones. España, y también México han implantado el voto electrónico, en el que los electores pueden expresar su intención a través de páginas web o máquinas protegidas y auditadas. Y la modalidad más común y utilizada en América Latina, el voto consular, a través del cual el consulado o la embajada se convierten en el centro de votación. Los representantes del organismo electoral y los ciudadanos capacitados por ellos supervisan el día de las elecciones, cuentan los votos y se aseguran de que todo transcurra de acuerdo a procedimiento.
Teniendo en cuenta la crisis humanitaria que enfrenta la ciudadanía venezolana y el riesgo de compra de votos, así como su desconfianza en los procesos electorales, el voto por poder probablemente esté fuera de discusión. La votación electrónica requiere una arquitectura tecnológica funcional y niveles sofisticados de protección y auditoría, que no existen a plenitud en el país y no está garantizada en todos los países receptores desde donde votarán los venezolanos. Los desafíos del sistema postal venezolano son conocidos. Esto tampoco es viable.
Entonces, a menos que se resuelvan los problemas de tecnología y confianza de la ciudadanía, el voto consular probablemente sea la mejor opción para los venezolanos que votan desde el extranjero. De hecho, es lo que se ha utilizado en pasadas elecciones venezolanas.
Sin embargo, hay un nuevo conjunto de desafíos que habrá que atender. Y estos no son solamente técnicos, también son políticos.
Hoy el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Maduro controla la organización y administración de las elecciones. ¿Qué hará el CNE en un país que ha reconocido el gobierno interino de Guaidó? ¿Con quién coordinará el CNE los arreglos electorales? Y vale decir, no es un pequeño grupo de países. Aunque el número de países que reconocen a Guaidó ha ido disminuyendo, todavía hay algunos donde hay venezolanos, y no hay embajadas o consulados de Maduro. Por otro lado, en países con relaciones diplomáticas con Maduro, ¿cómo logrará el CNE convencer a las personas de la diáspora de que su información estará protegida? ¿Confiarán en ir a las embajadas o consulados a votar?
Estas y otras preguntas necesitan respuestas, incluida la forma en que se contarán los votos en el extranjero y cómo se enviarán los resultados a Caracas para su procesamiento.
Todos los venezolanos tienen derecho a votar en unas elecciones libres y justas que permitan al país transitar de nuevo hacia la democracia, y habrá que idear formas de incluir a quienes viven en el extranjero. Esta no es una tarea fácil, por lo que puede ser una buena idea establecer un grupo de trabajo de expertos venezolanos e internacionales de todo el espectro político para pensar en todas las fases del proceso electoral y hacer propuestas sobre la mejor manera de garantizar que se incluya a la diáspora.
Otra posibilidad es pedir a los países de la región que formen un segundo grupo con representantes de los organismos electorales de países que ya han tenido práctica implementando el voto en el extranjero para que hagan recomendaciones sobre la mejor manera de abordar los temas descritos aquí y muchos otros que escapan a este artículo. El equipo electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) o el equipo del Centro de Promoción y Asistencia Electoral (IIDH/CAPEL) podrían apoyar un esfuerzo como este. Esto estaría en línea con el espíritu de cooperación regional y ayudaría a garantizar que se dé un paso firma hacia la democracia en Venezuela con competitividad electoral, inclusión y transparencia en las elecciones de 2024 y todas las que vendrán.
(*) Las opiniones son personales. No representan las de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
