La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, sostuvo este lunes que la constructora brasileña Odebrecht, señalada de pagar 59 millones de dólares en sobornos para conseguir contratos en Panamá, tendrá que «devolverle lo que le corresponde al pueblo panameño».
«Esa empresa tendrá que rendir cuentas, devolverle lo que le corresponde al pueblo panameño», respondió De Saint Malo a preguntas de los periodistas a las puertas de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
Para ello, añadió, «tendría que haber algún tipo de acuerdo», algo que deberá dilucidar la Justicia panameña.
«En otros países se ha establecido una forma de pago hasta 10-20 años, con un calendario, depende de cada país», agregó la alta funcionaria panameña.
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) panameño anunció que pedirá mediante asistencia judicial información a Estados Unidos, cuyo Departamento de Justicia reveló en diciembre que la constructora pagó los 59 millones de dólares en sobornos en Panamá entre 2009 y 2014.
La constructora supuestamente aplicó la práctica de los sobornos en más de 100 proyectos en 12 países de América Latina y África donde pagó aproximadamente 788 millones de dólares, de acuerdo a los documentos estadounidenses.
El miembro del Consejo de Administración de Odebrecht y encargado de la nueva política anticorrupción de la empresa, Sérgio Foguel, califico el pasado 22 de diciembre de «desvíos de conducta lamentables» el pago de sobornos por parte de la constructora a funcionarios de doce países de Latinoamérica y África.
Odebrecht Panamá expresó por su lado su «entera disposición» para cooperar con las autoridades del país, cuyo Ejecutivo, presidido por Juan Carlos Varela, ya anunció que la posibilidad de que la constructora participe en futuras licitaciones está supeditada a que colabore con las investigaciones locales y resarza al Estado.
La empresa brasileña, que tiene 8.000 trabajadores en Panamá, está actualmente involucrada en proyectos como la construcción de la Línea 2 del Metro de la capital panameña, por más de 1.857 millones de dólares; la renovación de la ciudad de Colón, por 537 millones de dólares, y la ampliación del aeropuerto de Tocumen, por cerca de 800 millones de dólares.
«Confiamos en que el Ministerio Público y el Sistema de Administración de Justicia deslindarán responsabilidades y aplicarán las sanciones correspondientes a los responsables de los actos de corrupción que se están investigando y los que han sido de conocimiento público en los últimos días», dijo hoy Varela en un discurso de rendición de cuentas ante el Parlamento.
