Entre abril y mayo al menos 44 personas fallecieron en el marco de las manifestaciones antigubernamentales. Efectivos de seguridad han sido acusados de incurrir en uso excesivo de la fuerza
Las denuncias por violaciones a los derechos humanos como consecuencia de las protestas que iniciaron en abril pasado supera con creces las registradas entre febrero y mayo de 2014, período en el cual la oposición venezolana inició una serie de manifestaciones antigubernamentales que dejaron 43 muertos y al menos 3 mil personas procesadas penalmente.
En apenas un mes de actividades de calle, el número de fallecidos eleva la cifra de hace tres años y se ubica en 44 (al cierre de esta edición). Entre abril y mayo, el Foro Penal Venezolano (FPV) precisó que 2 mil 371 personas han sido detenidas arbitrariamente en las mil 208 manifestaciones que se registraron en el territorio nacional según el informe de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
“Represión brutal y exagerada”
La presidenta de la ONG Fundeci, Elenis Rodríguez, afirma que la actuación de los cuerpos de seguridad ha dejado en evidencia una “represión brutal y exagerada en comparación con el año 2014. Me preocupa la sistemática violación a los derechos humanos y que esto va en crecimiento a medida que se convocan nuevas protestas”.
Justifica su argumentación en el uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). “Un ejemplo de esto fue el uso de una tanqueta para pasarle por encima dos veces a un manifestante”, dijo en referencia a la agresión que sufrió el joven Pedro Yammine (22) en Altamira, estado Miranda.
Rodríguez presta asistencia legal a varios de los detenidos en protestas, tal y como lo hizo en 2014, cuando permaneció hasta la madrugada en audiencias de presentación para lograr beneficios procesales y la libertad de sus defendidos.
Enfatizó que otra irregularidad es el traslado de civiles para ser procesados por tribunales militares, pese a que la Constitución establece que debe realizarse ante la jurisdicción ordinaria.
“A los detenidos se les violan sus derechos, no se les permite realizar una llamada y se retrasa el contacto con sus abogados. Por esto, lo primero que hacemos es solicitar la nulidad de las actas, debido a las irregularidades que se producen desde el momento de las detenciones”, indicó.
Denunció que 13 jóvenes detenidos en Caracas el pasado 4 de abril siguen tras las rejas, pese a que algunos recibieron el beneficio de libertad mediante fianza. Precisó que seis jóvenes tienen boleta de excarcelación y el director del Servicio Bolivariano de Investigación (Sebin) M/G Gustavo González López, no permite la liberación.
Agregó que el Gobierno se aparta del Ministerio Público e intenta restarle competencias debido al evidente quiebre de la relación entre la Fiscal General y el oficialismo. “Ya Luisa Ortega Díaz no es útil, por esa razón recurren a la jurisdicción militar para procesar a civiles”, enfatizó la defensora de derechos humanos.
Responsabilidades individuales
Rodríguez precisó que los funcionarios que incurran en el delito de tratos crueles se exponen a una pena que oscila entre 13 y 23 años de prisión; mientras que los responsables de tortura podrían pasar entre 15 y 25 años en la cárcel. En ambos casos serán inhabilitados para el ejercicio de cargos en la administración pública.
“En Fundeci estamos elaborando los expedientes y los consignaremos ante la Defensoría del Pueblo, instancia que de acuerdo a la ley está en la competencia de iniciar la investigación correspondiente”, apuntó.
Reacción oficial
El ministro de la Defensa, M/G Vladimir Padrino López, anunció la activación del Plan Zamora en su segunda fase en el estado Táchira. El dispositivo contará con la participación de dos mil efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
La estrategia de seguridad ha sido ampliamente cuestionada por la oposición venezolana. Los líderes de los partidos que adversan a Nicolás Maduros aseguran que efectivos militares se exceden al aplicar técnicas cuestionadas (uso de sustancias químicas y disparos de perdigones a quemarropa), que ponen en peligro la vida de los ciudadanos que protestan.
