La ONG venezolana, Foro Penal, denunció este lunes que a la fecha hay 501 personas detenidas por motivos político y otras 8.000 tienen casos abiertos por las mismas razones en el país.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, detalló en rueda de prensa que, desde el 2014, han registrados unos 15.160 arrestos por motivos políticos.

De los 501 presos que contabilizan hasta el momento, dos personas tienen pendiente su presentación ante tribunales, no han sido judicializados, por lo que el abogado aseguró que técnicamente están en “desaparición forzosa”.

Según las leyes venezolanas, la prisión preventiva no puede ser usada como “una suerte de sanción o castigo anticipado”, detalló Himiob, por ello, no puede permanecer en prisión preventiva por más de dos años, y si el juicio no ha avanzado, la persona debe ser excarcelada.

El abogado detalló que al menos 53 de los presos políticos cumplen con las condiciones para conseguir este beneficio de la ley. Además, otras 12 personas tienen boletas de excarcelación que no han sido cumplidas por los funcionarios.

“Aquí pareciera ser, entonces, que los cuerpos policiales están por encima de los tribunales”, aseguró el abogado.

En total, 8.904 personas están sujetas a procesos penales bajo medidas cautelares por motivos políticos, detalló Himiob.

El abogado aprovechó, después de realizar el balance, para denunciar lo que los presos políticos en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, calificaron como una “noche de terror” este fin de semana.

Familiares de los presos que tuvieron contacto con ellos, detallaron que entre las 11:30 p.m. del sábado 24 y las 3:00 a.m. del domingo 25 de agosto, “fueron varios de los presos severamente golpeados. Se produjo una requisa muy violenta, muy intensa, a cargo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”, indicó Himiob.

En la requisa, hubo destrucción de pertenencias y robos, indicó el abogado. Entre los afectados estarían el reportero gráfico Jesús Medina, detenido desde agosto del año pasado, y Vasco Da Costa, quien lleva detenido más de año y medio, de quien los oficiales “se burlaban del cáncer que padece” y le quitaron las medicinas.

Detalló que tienen identificados a los funcionarios de la DGCIM que participaron en la requisa y van a denunciar el hecho ante la Fiscalía y organismos nacionales, pero también ante instancias internacionales.

La ONG pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pronunciarse sobre unas medidas cautelares que solicitaron para presos políticos con estado de salud delicado como Da Costa.

Este registro que lleva el Foro Penal es enviado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para su certificación. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha negado en reiteradas oportunidades la presencia de presos políticos en la nación sudamericana.

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