VERSIÓN FINAL
La administración de Donald Trump ha adoptado una estrategia cada vez más agresiva en su lucha contra el narcotráfico en América Latina, recurriendo a marcos legales y tácticas que evocan la guerra contra el terrorismo lanzada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Bajo este enfoque, el gobierno justifica ataques contra cárteles y pandillas latinoamericanas, principalmente vinculadas a Venezuela, aplicando una interpretación legal que permite el uso de fuerza letal contra actores no estatales. Se trata de una doctrina jurídica desarrollada para combatir a Al-Qaeda, pero ahora aplicada a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, cuyas raíces se encuentran en el sistema penitenciario venezolano y cuyo motor no es la ideología, sino el narcotráfico y otras actividades ilícitas, recoge Univisión.
Según expertos legales, el uso de fuerza militar por parte de Trump, incluyendo operaciones encubiertas en territorio venezolano, podría estar traspasando los límites del derecho internacional, especialmente en ausencia de una declaración formal de guerra o una investigación judicial. La reciente serie de ataques contra embarcaciones supuestamente cargadas de drogas ha dejado al menos 27 muertos, según cifras de la Casa Blanca. El último ataque, ocurrido el martes, resultó en seis fallecidos.
Estas acciones se han ejecutado sin la aprobación explícita del Congreso, lo que ha desatado un debate sobre su legitimidad y el riesgo de tensar aún más las relaciones con América Latina, una región marcada por el recuerdo de las intervenciones militares estadounidenses durante la Guerra Fría.
Paralelamente, Trump ha ampliado la presencia del Ejército dentro de Estados Unidos, desplegando a la Guardia Nacional en varias ciudades y sugiriendo que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, una legislación del siglo XIX que permite el uso de tropas en situaciones de disturbio civil.
En el plano internacional, crecen las dudas sobre la veracidad de las acusaciones de Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que señala de colaborar con el Tren de Aragua para facilitar el tráfico de drogas y promover la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Fuentes de la comunidad de inteligencia estadounidense han puesto en entredicho estas afirmaciones.
Consultado sobre un reporte del New York Times que reveló la supuesta autorización de una operación encubierta de la CIA en Venezuela, Trump evitó confirmar o desmentir la información, limitándose a calificar como “ridícula” la pregunta sobre si había ordenado eliminar a Maduro.
Aunque existen leyes estadounidenses que prohíben el asesinato de líderes extranjeros, vigentes desde la década de 1970, declarar a ciertos individuos como “combatientes ilegales” podría ser una vía para sortear dichas restricciones. Esta táctica remite a una época en la que Estados Unidos ejecutaba operaciones encubiertas para cambiar gobiernos en países como Guatemala, Chile o Irán.
El discurso oficial de Trump sostiene que el país se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles, una narrativa que podría otorgarle poderes excepcionales para capturar o eliminar a sus líderes. Sin embargo, la Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente el uso de la fuerza salvo en casos de legítima defensa, lo que coloca estas acciones bajo un intenso escrutinio legal y diplomático.
