La ONG Un Mundo Sin Mordaza (UMSM), con apoyo de Refugiados Sin Fronteras y la Fundación Memorial de Víctimas del Comunismo, presentó su exhaustivo Informe sobre las Garantías Electorales, analiza en detalle la implementación de medidas y garantías electorales, el impacto de las mismas en la confianza, legitimidad y aceptación de los resultados electorales, tanto a nivel nacional como internacional. Desde el análisis del Acuerdo de Barbados, lo sucedido en la primaria y los acontecimientos posteriores al 28 de julio con la proclamación de los resultados presidenciales, este informe ofrece una visión completa y rigurosa del proceso electoral en Venezuela.
Antes y durante el proceso electoral se presentaron numerosas irregularidades, inhabilitaciones políticas injustificadas, violaciones al cronograma electoral, privaciones arbitrarias de libertad, entre otras cosas que violaron las garantías electorales de los venezolanos como las fallas inesperadas de las mesas electorales, que no fueron significativas ya que se pudieron obtener las actas de escrutinio de la gran mayoría de los centros de votación. También se analiza el reconocimiento de los resultados electorales, tanto a nivel nacional como internacional, destacando la falta de publicación de actas de escrutinio y la proclamación irregular de Nicolás Maduro como presidente electo.
Este análisis abarca aspectos de confianza, legitimidad y aceptación de los resultados tanto a nivel nacional como internacional. Para lograr esto, se evaluaron diversas medidas y garantías electorales implementadas, incluyendo la presencia de observadores internacionales y el respeto a los derechos civiles y políticos. En el informe se desarrollaron los siguientes temas:
Irregularidades en la actualización del Registro Electoral
Esta fue la jornada con menos puntos de inscripción para una elección presidencial con 315 puntos por 30 días, lo que es muy poco en comparación con 2018, que fueron 25 días con 531 puntos, y 2012, que fueron 8 meses con 1.300 puntos. Al menos 21 centros fueron trasladados durante la inscripción sin notificación previa. La poca cantidad de centros de votación conllevó a una distribución poco equitativa de puntos y las fallas en el servicio eléctrico que dificultaron la inscripción en todo el país. Para el cierre del proceso de inscripción el 17/04, se habrían inscrito 604.964 nuevos electores, mientras 847.999 cambiaron su residencia en el país”
Al establecerse requisitos ilegales para la inscripción en el Registro Electoral en el extranjero como la vigencia del pasaporte, violando el contenido de la LOPRE permitió que sólo 508 venezolanos se inscribieron en el exterior y 6.020 cambiaron su centro de votación al país en el que residen, actualizando a 69.189 electores en el exterior.
En el 28 de julio, según los reportes dados, a las 6:00 AM se habían constituido el 51,75% de las mesas electorales a nivel nacional con el 99,78% de los Técnicos de Soporte, el 99,94% de Operadores de Sistema Integrado (OSI), 99,53% de Coordinadores de Centro de Votación y 99,69% de operadores de inventario. Asimismo, se evidenció que el 13% de las mesas a nivel nacional existía el fenómeno del voto asistido de forma incorrecta por parte de los funcionarios que se encontraban. Por otra parte, el 25% de las mesas se interrumpieron al menos una vez por fallas en las máquinas.
Anuncio del primer boletín y reconocimiento de resultados
La madrugada del 29 de julio, Elvis Amoroso anunció los resultados de las elecciones sin la publicación de actas de cada una de las mesas dando a Nicolás Maduro como presidente electo con el 51% de los votos, dejando a Edmundo González con 44.2%, estableciendo que el resultado estaba basado en el 80% de las actas. Esa misma madrugada, María Corina Machado anunció que Edmundo González tendría el 70% de los votos con 40% de las actas, estableciendo que abriría un portal con el contenido de estas actas en tiempo real.
Presunto hackeo y ataque cibernético al sistema electoral
Nicolás Maduro y el CNE fundamentaron la no publicación de las actas en supuesto ataque cibernético desde Macedonia del Norte, el cual fue desmentido por autoridades de dicha nación. Asimismo, conforme a alegatos del responsable de los aspectos técnicos y blindaje de seguridad del CNE, se evidencia que el hackeo no era posible por el sistema de las máquinas.
Alegatos de Macedonia del Norte
En primer lugar, el ministro del Interior de Macedonia del Norte, Andonovski, aclaró que no quiere ser parte de las “batallas políticas internas del régimen autoritario” y señaló que “la presencia de direcciones IP provenientes de su país no constituye una evidencia evidente, ya que dichas direcciones pueden ser utilizadas a través de redes Virtual Private Network (VPN) o ser parte de una botnet controlada remotamente por ciberdelincuentes.
Argumentos técnicos que verifican la imposibilidad del hackeo
Por otra parte, el responsable de los aspectos técnicos y blindaje de seguridad del CNE para la elección presidencial, Carlos Hernández, durante el proceso de auditoría a la infraestructura tecnológica electoral y producción de máquinas de votación, informó que la red de la CANTV estaría aislada para evitar acceso externo a los servidores, afirmando que: “Esta red estará totalmente aislada, nosotros no tenemos comunicación con el mundo; la red de CANTV se encuentra ese día del evento asignada únicamente para este uso”, además de que hizo énfasis en que «la probabilidad de que un elemento externo tenga acceso es lejanamente probable”, explicó.
HASH en el Contexto Electoral
El uso del HASH en el contexto electoral, los problemas con la cadena de custodia, el peritaje ilícito y las declaraciones de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
Violaciones a los DDHH antes y después de la elección
Para el momento de la campaña electoral, se registraron 98 denuncias de violaciones a la libertad de expresión, siendo la campaña con más números de denuncias contra 25 en elecciones anteriores, conformadas por 9 denuncias en el 2006, 10 denuncias en el 2012, 3 denuncias en el 2013 y 3 denuncias en el 2018.
De 112 casos de violaciones y 267 denuncias de violaciones registradas en el año 2024, se constituyen 29 casos y 98 denuncias vinculadas con el contexto electoral. Estos casos y denuncias se dividen en: 35 por intimidación, 21 por hostigamiento verbal, 14 por hostigamiento judicial, 11 agresiones, 9 censuras, 6 restricciones administrativas y 2 amenazas.
Asimismo, durante la elección presidencial, se registraron 29 casos y 30 denuncias por violaciones a la libertad de expresión, siendo 26 de intimidación, 2 por censura, 1 por agresión y 1 por ataque. Asimismo, hubo diferentes víctimas en el contexto del comicio electoral, siendo: 32 periodistas, 7 medios de comunicación, 6 ciudadanos, 2 reporteros gráficos y 1 camarógrafo.
Finalmente, De acuerdo a las cifras de Espacio Público, cómo también de nuestros reportes, de los 112 casos de violaciones y 267 denuncias de violaciones registradas en el 2024, se constituyen 29 casos y 98 denuncias vinculadas netamente al contexto electoral, siendo dividido en: Intimidación (35), Hostigamiento verbal (21), Hostigamiento judicial (14), Agresiones (11), Censura (9), Restricción administrativa (6) y Amenazas (2).145 A estos hechos de violación de libertad de expresión se le suman el bloqueo a 27 páginas webs, dominios de medios de comunicación, bloqueo de apps como Whatsapp y plataformas de entretenimiento como Disney + y Max: también hay que destacar la intimidación y despido sin previo aviso y de manera ilegal de más de 40 trabajadores de Venezolana de Televisión, canal del estado, por simplemente darle «like» a publicaciones de María Corina Machado o por escribir la palabra «fraude» en sus estados de WhatsApp.
En el contexto de las inhabilitaciones políticas por parte de la Contraloría General de la República explicó que está práctica ha sido un mecanismo del régimen para monopolizar el poder político del país, lo que se evidencia desde el año 2002 con la inhabilitación de más de 1.400 ciudadanos para ejercer cargos públicos, a pesar de que en los acuerdos de Barbados, firmados entre la oposición y el gobierno, se acordó tomar acciones para cesar dichas inhabilitaciones que tenían años.
“La persecución a María Corina Machado, empezó en 2014 cuando fue destituida de la Asamblea Nacional por aceptar dar declaraciones ante la AG de la OEA. En 2015, María Corina fue inhabilitada para ocupar cargos públicos y en 2021 fue inhabilitada por presunta participación en hechos de corrupción. Otras inhabilitaciones en este contexto fueron las de Leocenis García, Richard Mardo, Pablo Pérez, Daniel Ceballos, siendo habilitados posteriormente el 26 de enero de 2024 por la Sala Político Administrativa. El 26 de enero de 2024, la sentencia 00005 de la Sala Político-Administrativa, que es la sentencia que inhabilitó a María Corina por 15 años, presentó numerosas irregularidades, como que no se publicó completa en la página, sólo un extracto, por lo que no se podían evidenciar las razones específicas, además de que no se garantizaron los lapsos procesales correspondientes establecidos en la ley. Lo mismo sucedió con Henrique Capriles Radonski, quien también fue inhabilitado por la Sala Político Administrativa y cuyas garantías procesales tampoco fueron respetadas”, argumentó.
Sobre los acontecimientos durante los comicios del 28 de julio, la abogada Dávila informó que según los datos recabados: Antes y durante el día de las elecciones, se presentaron diferentes irregularidades para la constitución y funcionamiento de las mesas electorales.
Herramientas para la persecución de ciudadanos
El régimen creó una ventana especial en la aplicación “VenApp”, que fue la aplicación que Nicolás Maduro utilizó para la movilización de su campaña electoral para perseguir y acusar venezolanos opositores en el contexto electoral. Esta herramienta fue usada para que los Colectivos y habitantes de las comunidades, simpatizantes con el régimen de Maduro, marcaran las casas de las personas denunciadas y también las que participaron en protestas por no estar conformes con los resultados de las elecciones. Otra herramienta fue la anulación de pasaportes.
Detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y persecuciones en el marco de la jornada electoral del 28 de julio
Antes del inicio de campaña, al 03/07 habría 287 presos políticos en Venezuela, 145 condenados y 142 sin condena. En el contexto de la campaña electoral, entre el 04/07/2024, el primer día de campaña y el 25/07/2024, en el cierre de campaña, se reportaron al menos 101 personas detenidas.
Asimismo, el Foro Penal, hasta el 09 de septiembre, las fuerzas policiales habrían detenido a 1808 personas, siendo 1.673 sólo desde el 29 de julio de 2024, de las cuales 60 son adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad, 157 militares y 226 mujeres, siendo únicamente 149 condenados, mientras que 1.644 se encuentran sin obtener condena y garantizarse su debido proceso. Además de las detenciones, producto de las fuertes represiones por las fuerzas policiales y los colectivos del Estado, el Monitor de Víctimas ha reportado 24 fallecidos hasta el 21 de agosto, donde los estados con mayores fallecidos fueron: 8 en el Distrito Capital, 7 en el estado Aragua, 2 en el estado Miranda y 2 en el estado Zulia. Asimismo, la Encuesta Nacional de Hospitales reportó 94 heridos en el marco de las protestas para la noche del 1 de agosto, siendo 4 menores de edad.
Por otra parte, la persecución de los ciudadanos venezolanos por manifestar su apoyo a María Corina Machado y el reconocimiento a Edmundo González como presidente, así como el rechazo al régimen de Nicolás Maduro, se ha incrementado desproporcionadamente, lo que se evidencia en la comparativa con las manifestaciones en Venezuela en el año 2014, pues en este año hubo alrededor de 3.000 detenciones en cinco meses, mientras que en 2024 ha habido más de 1.000 detenciones en cuatro días. A pesar del elevado número de detenidos, el régimen planea continuar con el encarcelamiento de todo aquél venezolano que piense diferente, pues Nicolás Maduro expresó: “tenemos a 1.200 capturados y buscamos a 1.000 más y los vamos agarrar a toditos”, además de que afirmó que “Los están agarrando uno a uno y no va haber perdón”.
Para el 11 de agosto, se pudo evidenciar el avance en poco tiempo de la reforma del
Centro Penitenciario del estado Carabobo o mejor conocido como “Tocuyito” para recibir en conjunto al Centro Penitenciario del estado Aragua, mejor conocido como “Tocorón” el traslado de 2229 detenidos arbitrariamente por los supuestos delitos de terrorismo, asociación para delinquir, entre otros. Es importante destacar que según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) el Ministerio de Servicio Penitenciario no cuenta con las condiciones para la clasificación de más de 2000 detenidos según cifras oficiales, los cuales deben ser trasladados a las dos cárceles anteriormente mencionadas. Además, es necesaria realizar una evaluación individualizada, la cual consiste en un examen de la documentación disponible, observaciones de riesgos, entrevistas y factores para la reducción del riesgo, siendo notable la inexistencia de protocolos y el uso de la crisis del sistema penitenciario como forma de tortura.
Durante los días 25, 27 y 30 de agosto, se produjeron más de 700 traslados desde distintos puntos del país a los centros penitenciarios declarados como “cárceles de máxima seguridad”, los cuales fueron realizados con muchas irregularidades, donde el engaño y la falta de información a los familiares fue la tendencia dentro de los traslados. Según la información del OVP, muchos familiares se enteraron del cambio de centro de reclusión al momento de llevarles la comida.
Condiciones en cárceles de mujeres
Según la información del OVP, existen al menos 70 mujeres encarceladas arbitrariamente por el contexto de represión post-electoral, quienes conforme a la organización viven en un entorno carcelario marcado por el hacinamiento, la falta de
acceso a servicios básicos, y la violencia de género. Conforme al Informe Nacional de Derechos Humanos de Estados Unidos en el año 2023, las prisioneras femeninas, son víctimas de violencia sexual, abusos y tortura, además de que son obligadas a realizar actos sexuales a cambio de comida o agua. Asimismo, dicho informe afirma que ONGs informaron de que los guardias conocían y toleraban estos abusos y, en ocasiones, los facilitaban o los cometían directamente, lo que demuestra que las mujeres detenidas arbitraria e injustamente por las represiones del contexto electoral, están siendo víctimas de tratos degradantes.
El informe concluye que las garantías electorales fueron insuficientes para asegurar un proceso electoral justo y libre en Venezuela. Se recomienda una reforma electoral integral que incluya la protección de los derechos civiles y políticos, la independencia del poder electoral y la observación internacional imparcial. Este resumen ejecutivo proporciona una visión general de los puntos más críticos del informe, enfatizando la necesidad de mejoras sustanciales en el sistema electoral venezolano para restaurar la confianza y legitimidad democrática.
La evaluación de la implementación de medidas y garantías electorales durante las elecciones presidenciales de julio de 2024 en el país. En cuanto al cumplimiento de los principios democráticos básicos y del Acuerdo de Barbados se muestra un claro incumplimiento de estos estándares por que las elecciones no respetaron los principios de transparencia, igualdad y participación libre debido a la interferencia estatal y la falta de independencia del Consejo Nacional Electoral que se reflejó en la persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de expresión y la ausencia de observadores internacionales imparciales.
El nivel de confianza en las garantías electorales fue extremadamente bajo. La percepción generalizada entre los ciudadanos y la comunidad internacional fue de un proceso electoral manipulado y controlado por el gobierno en funciones. La legitimidad de las elecciones fue ampliamente cuestionada tanto a nivel nacional como internacional debido a las numerosas irregularidades y violaciones a los derechos fundamentales observadas durante el proceso electoral. Esta erosión de la percepción de legitimidad de los resultados se reflejó en una aceptación limitada de los mismos, con diversas organizaciones y gobiernos expresando su rechazo y señalando las irregularidades y violaciones de derechos humanos.
