VOZ DE AMÉRICA
Panamá eligió el domingo a su nuevo presidente, José Raúl Mulino, un exministro de 64 años, con el 34 % de los votos, en medio de una polémica por la inhabilitación del Tribunal Electoral a Ricardo Martinelli, un exmandatario que aparecía como el favorito en las encuestas y que había sido condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales.
Pese a la condena, Martinelli no ha enfrentado la justicia, ya que se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el 7 de febrero, generando malestar en el gobierno saliente del presidente Laurentino Cortizo, quien ha protestado a Managua por considerar que es una interferencia «en la política nacional».
Ante esta situación, ¿cómo queda la situación de Martinelli luego de la victoria de su aliado Mulino?
Los expertos consideran que el presidente electo, que tomará el poder el próximo 1 de julio, va a tener que resolver qué hacer con Martinelli lo antes posible, sobre todo si quiere mejorar la imagen de Panamá, donde la corrupción se ha convertido en un problema que se cierne sobre su economía.
En marzo, la agencia de crédito Fitch rebajó la calificación de Panamá a la categoría de «basura», alegando «problemas fiscales y de gobernanza» tras la decisión de cerrar la mayor mina del país el año pasado por presiones de grandes manifestaciones pupulares.
Frente a ello, coinciden los expertos, el gobierno panameño tendrá que mantener sus lazos con aliados históricos, como Estados Unidos, y eso pasaría por un buen manejo de su política exterior.
Daniel Zovatto, experto del Wilson Center, dijo a la Voz de América que el tema de Martinelli va a ser complejo de manejar con Washington «porque Martinelli ha estado preso en Estados Unidos, así como sus hijos».
«Martinelli ha sido declarado persona significativamente corrupta por el Departamento de Estado», dijo Zovatto.
Mulino dijo el domingo, tras ser proclamado ganador de los comicios, que pondría fin a lo que denominó «persecución política», y reiteró su apoyo a Martinelli, sin embargo no se refirió a ninguna acción en concreto con él.
«Se acabó la persecución política, se acabó la manipulación del Ministerio Público, se acabó la manipulación de jueces y magistrados. A partir del 1 de julio se recobrarán las llaves de los candados que han tenido presos, dañando reputaciones sin vergüenza», afirmó Mulino.
Rodrigo Noriega, un analista de políticas públicas y temas de justicia de Panamá, considera que Mulino tendría la opción de otorgarle un salvoconducto para que el exmandatario salga de Panamá rumbo a Nicaragua. El gobierno saliente del presidente Laurentino Cortizo, rechazó esa misma solicitud a Nicaragua.
Noriega dijo a la VOA que esa es la única opción que tiene, ya que en base a la Constitución panameña, Martinelli no podría ser beneficiario de un indulto presidencial o de una amnistía legislativa, «porque estas medidas solo son aplicables a delitos políticos y no a un delito común como el blanqueo de capitales».
«Es previsible una confrontación entre el gobierno de Mulino y el órgano judicial, no solo por la condena de Martinelli, sino también por otras condenas a miembros del gabinete del gobierno de Martinelli», sentenció Noriega.
Por otro lado viene la gobernanza, subrayó Zovatto, del Wilson Center.
«Esto de que Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli está bien para la campaña electoral, pero hemos visto que cuando hay una situación de poder en dos manos, por lo general termina mal», indicó Zovatto y puso como ejemplos las separaciones políticas de otros gobernantes, como Luis Arce y Evo Morales en Bolivia, quienes a pesar de ser inicialmente aliados, terminaron enfrentados por razones políticas.
«Miremos a Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en Colombia o la pelea de (Rafael) Correa con Lenín Moreno en Ecuador; esa es otra de las grandes interrogantes que Panamá deberá resolver cuando ya haya un nuevo presidente en el palacio el 1 de junio», concluyó.
