En la imagen, el diputado del Partido Revolucionario Democrático y presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León. EFE/Archivo

Una comisión legislativa investigará las polémicas donaciones y subsidios con fondos públicos del parlamento de Panamá, que superaron los 12 millones de dólares en 2016, para aclarar cualquier irregularidad, indicó este jueves una fuente oficial.

La comisión estará formada por tres diputados e indagará durante un mes el procedimiento utilizado para la entrega de donativos, subsidios y contratos, dijo el presidente de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), el diputado Rubén De León, de acuerdo con un comunicado el Órgano Legislativo.

Este comité «se constituye en un mecanismo de transparencia para aclarar este tema» y «despejar toda inquietud», anunció De León, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Los comisionados son los diputados Yánibel Ábrego, del opositor partido Cambio Democrático (CD) y segunda vicepresidenta de la AN; Leandro Ávila, del PRD; y Juan Carlos Arango, del oficialista Partido Popular (PP).

De León dijo que para «dar ese toque de autonomía en las investigaciones, se integrará una firma de auditores independientes», y aseguró que serán suspendidos los contratos por servicios profesionales y los aportes que se dispone en el renglón de objeto de pago en la Ley de Presupuesto.

El abogado Ernesto Cedeño, quien presentó en meses pasados una demanda de inconstitucionalidad contra la figura «clientelista» de los donativos y subsidios de la AN, dijo este jueves a Efe que la iniciativa «no tiene ninguna validez a nivel técnico».

Cedeño señaló que esto es así ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha determinado que «los únicos auditos que son valederos para descubrir un delito contra la Administración Pública son los que hace la Contraloría» General de la República (CGR).

El letrado pone en duda la «validez de estas investigaciones» que tendrá en su manos esta comisión, ya que, destacó, «difícilmente un homólogo va a descubrir una presunta irregularidad de un colega», porque hay «diputados y allegados a diputados» mencionados en este asunto.

«Lo que (De León) debió haber hecho era manifestar que renunciaba a la presidencia de la Asamblea porque ha sido mencionado en informes periodísticos, para que las investigaciones fluyeran libremente», resaltó Cedeño.

Agregó que posiblemente De León anunció la comisión «para que el pueblo vea de que se está haciendo algo».

Pero, para tratar de llegar a la verdad, lo que procede es que la CGR haga una auditoría del manejo de los donativos y subsidios que ha refrendado, y luego, el Ministerio Público (MP), una investigación de oficio, apuntó.

Detalló que según un informe que le facilitó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se trata de 12 millones de dólares en donativos y subsidios que se habían desembolsado hasta 2016.

En 2014, los pagos realizados sumaron 375.696 dólares; mientras en 2015 los diputados modificaron la ley de presupuesto para estos fines y ampliaron el monto de un total de 35.000 dólares a poco más de 4 millones, y terminaron pagando 3.908.810 dólares.

En 2016 repitieron la reforma y extendieron el límite presupuestario de 676.000 dólares a casi 15 millones de dólares, de los que pagaron 8.475.912, muestra el informe.

El pasado 9 de noviembre, la Contraloría informó que redactó un manual de procedimientos para fiscalizar que todo fondo para donaciones asignado en el presupuesto de la AN sea verificado correctamente para evitar cualquier tipo de discrecionalidad.

Este decreto fue rechazado por sectores que no lo consideran pertinente y se oponen a la medida porque promueve el clientelismo.