Desde que Laurentino Cortizo tomó las riendas del país como presidente de la república en 2019, Panamá ha insistido en la implementación de una nueva ley migratoria que permita ingresar al país a los “que nosotros verdaderamente necesitemos”, comentó el mandatario nacional.

El gobierno de Cortizo tiene su objetivo bien definido. “Ya el Ejecutivo Nacional ha determinado que lo que quiere atraer a Panamá es personas que quieran invertir, personas que vengan a traer dinero, a modernizar nuestro país”, dijo en julio 2020 Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración (SNM)

En 2020, según cifras oficiales del SNM, Panamá tramitó 14 mil 509 permisos de residencia, de los cuales 13 mil 315 fueron aprobados. Venezuela, con 2936 aprobaciones ocupó la primera casilla, luego Colombia con 2290, Estados Unidos con 747 y China con 698.

En el caso específico del proceso extraordinario de regularización migratoria, antes conocido como Crisol de Razas, se aprobaron en todo el calendario 2020 un total de 1886 permisos, siendo Venezuela también, con 756, el país con más aprobaciones.

El panorama pudiera cambiar. La pandemia ha golpeado sin piedad el bolsillo de una importante cantidad de extranjeros que no han podido normalizar su estatus, y si a esto sumamos que los procesos de regularización migratoria extraordinaria desde enero 2021 deben ser tramitados por un abogado, lo que acarrea más gastos, el futuro no luce muy bien.

Una pared

En el caso de la solicitud de refugios ante la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados, las estadísticas no han acompañado a los migrantes venezolanos (ONPAR)

Según cifras oficiales, nada más entre enero y julio 2020, 570 venezolanos fueron rechazados para refugio, convirtiéndose en la nacionalidad menos favorecida, seguida de nicaragüenses y colombianos.

En agosto del mismo año se sumaron 32 rechazos más, mientras que en octubre la cifra fue de 14. Las estadísticas de septiembre, noviembre y diciembre 2020 no están disponibles en el portal del Ministerio de Gobierno.

Ante el oscuro panorama, Iván Chanis, abogado y defensor de los derechos humanos, opinó lo siguiente.

“El reconocimiento de la condición de refugiado se da después de un análisis de caso por caso, lo que también depende de la definición de refugiado en la legislación interna de cada país. Hay temas que Panamá, en mi opinión, deben mejorar, como lo sería la ratificación de la Declaración de Cartagena. Esto especialmente en la compleja realidad hemisférica y las crisis humanitarias, como Venezuela y Centroamérica, lo que reconocería a muchas más personas como refugiadas”.

No obstante, agregó Chanis, “el hecho de que no se otorgue la condición de refugiado, no coarta una serie de otras alternativas que el Estado receptor debe otorgar. Por ejemplo que las personas en condición de movilidad humana, accedan a todos sus derechos humanos. En el caso de Panamá, existen alternativas como una visa migratoria que le permite un nivel de regularización. A nivel Interamericano Panamá también tiene una serie de responsabilidades para con las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.”

En el caso de los venezolanos, Chanis explicó que hay recomendaciones de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para con el trato específico de personas provenientes de la nación suramericana.

“La compleja situación de esta pandemia es un momento importante para fortalecer nuestra solidaridad y nuestra tradición jurídica de respeto a derechos humanos. Buenas iniciativas como la decisión de Costa Rica de conceder permanencia temporal a venezolanos que no obtuvieron condición de refugiados, son primeros pasos para una necesaria revisión de la situación en las Américas”.

Autoridades

Fabiola Zavarce, embajadora de Venezuela en Panamá y quien ha estado en constante conversación con las autoridades panameñas, explicó que de parte del gobierno de Cortizo existe la plena disposición de ayudar a los migrantes.

“Lo mejor es que entienden la situación por la que está pasando Venezuela. A raíz de eso han venido trabajando en favorecer las condiciones. Debemos tener un poco de paciencia ante el panorama que estamos atravesando por la pandemia, pero puedo asegurar que las autoridades han venido trabajando en soluciones que beneficien a ambas partes”.

Santiago Paz, jefe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, dijo que tal como sucedió en el año 2020, la COVID-19, continuará generando impactos en toda la sociedad en este 2021, incluyendo a la población migrante.

“Por parte de OIM continuaremos cooperando con el Gobierno Nacional, sociedad civil y el Sistema de Naciones Unidas; abogando siempre porque la migración sea segura, ordenada y digna”.