Foto: Archivo

La comunidad internacional sigue paso a paso lo que ocurre en Venezuela y recientemente las acciones que toma el régimen contra la Fiscal Luisa Ortega Díaz por tomar una posición diferente a la de tantos años a su favor.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó este viernes como “profundamente preocupante el proceso de enjuiciamiento contra la funcionaria además de la anulación de la designación del vicefiscal Rafael González.

 

“La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela del 28 de junio de comenzar los procedimientos para la remoción de la fiscal general, congelar sus activos y prohibirla salir del país es profundamente preocupante, al igual que lo es la continuada violencia” en el país, dijo el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Rupert Colville.

“También nos inquieta la decisión del 27 de junio por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de declarar nulo el nombramiento de ella, del vicefiscal general y de designar en su lugar a un ‘numero dos’ temporal, en violación de los procedimientos bajo la legislación venezolana”, afirmó.

Defensor del Pueblo

EFE también reseña la denuncia hecha por la  ONU ante la otra decisión tomada por TSJ de asignar algunas de las funciones exclusivas de la Fiscal General al defensor del Pueblo, Tarek William Saab.

 

Consideran que estas decisiones “parecen vaciar” la oficina de Ortega Díaz del mandato y de las responsabilidades que debe ejercer conforme a lo estipulado en la Constitución venezolana y “socavar la independencia” de la Fiscal.

“El cese de funcionarios judiciales debería estar sujeto a criterios estrictos que no socavan la independencia y la actividad imparcial de sus funciones”, subrayó el portavoz.

Colville recalcó que acorde a las directrices de la ONU sobre el papel de los fiscales, los países deben garantizar que estos profesionales puedan ejercer su labor “sin intimidación, obstaculización, acoso, interferencias inadecuadas o exposiciones injustificadas a responsabilidades civiles, parciales u otras”.

“Instamos a todos los poderes del Estado venezolano a respetar la Constitución y el Estado de derecho, e instamos al Gobierno a asegurar que los derechos a las libertades de reunión pacífica y de expresión sean garantizados”.

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