La Organización de Estados Americanos (OEA), ha retomado las audiencias para analizar si el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha cometido posibles crímenes de lesa humanidad.
El panel de expertos independientes que preside las audiencias está compuesto por el ex ministro de Justicia de Canadá, Irwin Cotler; el exsecretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, argentino; y el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Ventura Robles, de Costa Rica.
La primera testigo, entrevistada a través de una teleconferencia desde Canadá, fue la doctora Sarith Suniaga, la jueza venezolana a cargo del caso del líder opositor Leopoldo López.
Suniaga denunció la corrupción del poder judicial en su país y su relación directa con el Gobierno. Afirmó que fue amedrentada para tomar decisiones con las que no estaba de acuerdo.
Señaló que en caso de López, las decisiones debían pasar primero por el Tribunal Supremo de Justicia, y la atemorizaban diciéndole que de no hacerlo podía convertirse en una segunda jueza (María Lourdes) Afiuni, quien fue encarcelada en 2009 hasta 2013 por dejar en libertad a un empresario en cumplimiento a una resolución de la ONU.
La jueza Suniaga recordó la violación y maltratos que Afiuni sufrió durante su encarcelamiento, desmentidos por el Gobierno de Venezuela.
El magistrado Pedro Troconis, designado por la Asamblea Nacional, explicó el proceso de selección de los jueces en Venezuela y dijo que los actuales magistrados del TSJ son ilegítimos. Señaló que en su país hay una impunidad sistemática por ausencia de justicia y que la persecución política y las amenazas continúan.
El diputado Armando Armas, declaró que el ataque contra su persona se realizó con la complicidad de la Guardia Nacional y dijo que fue un intento de asesinato.
