La situación de DD. HH. no parece haber mejorado en Venezuela. Por lo menos, así lo refieren los más recientes informes de la ONU, al señalar que no se registran avances significativos.
Expertos consideran que la apertura de la investigación anunciada por la Corte Penal Internacional a lo único que podría llevar es a un mejoramiento de la situación.
El Día Internacional de los Derechos Humanos fue establecido en 1948 por las Naciones Unidas, y se hizo con el fin de impulsar una evaluación por parte de la sociedad civil sobre la situación de derechos humanos en los países con mayores vulnerabilidades.
Desde hace algunos años Venezuela ha estado en el centro de las discusiones y expertos aseguran que hoy día existe un mayor deterioro de las libertades civiles de sus ciudadanos.
“La ausencia de garantías al debido proceso, el temor a una privación arbitraria de la libertad, la censura, la libertad de expresión, la posibilidad de recibir información. La libertad también de la población de recibir información imparcial. Hay muchísimas vulneraciones de derechos para las personas que quedan en Venezuela y por eso no es sorprendente el éxodo venezolano”, asegura Helena Olea, directora asociada de la organización Alianza Américas.
El informe de septiembre de este año de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, documenta doce casos de detenciones arbitrarias, ocho casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes por participar en movimientos estudiantiles o porque simplemente documentaron presuntas violaciones a sus derechos.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela aseguran que el retroceso no es sólo en términos de libertades políticas, sino en otros aspectos sociales, algo que aumentó con la pandemia.
“Un elemento central son todos los derechos económicos y sociales. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un ambiente sano (…) Hay un impacto muy grande de esa situación en particular en Venezuela”, asegura Olea.
Otro de los reportes destacados es el de la Misión Internacional Independiente de la ONU para la determinación de los hechos en Venezuela, y el cual documenta que de 183 casos de detenciones analizados, en 113 los detenidos aseguran haber sido víctimas de tortura, violencia sexual u otro trato cruel o degradante.
Aunque los informes presentan una situación de deterioro de las libertades, organizaciones como Un Mundo sin Mordaza, considera que la decisión de la Corte Penal Internacional de abrirle una investigación a Venezuela podría significar un cambio en la situación de los derechos humanos en ese país, pues genera temor de los funcionarios a ser investigados por el máximo tribunal internacional.
“Cualquier funcionario hoy en día que escuche llamados de represión, de persecución política, incluso asesinato de quienes disienten, ese caso pasa automáticamente, tiene la potencialidad de que ese funcionario sea investigado por la corte (…) incluso sus superiores, hasta Nicolás Maduro”, sostiene Rodrigo Diamanti, presidente de la Organización Un Mundo sin Mordaza.
Por su parte el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien recibió personalmente la noticia de la investigación de parte del fiscal, Karim Khan, de la Corte Penal Internacional, argumenta que el Estado venezolano desconoce los elementos evaluados para abrir dicha investigación, pero en su momento aseguró que respetaba la decisión como Estado pero que no la compartía.
Analistas consideran que después de varios años de denuncias, la comunidad internacional ya tiene insumos concretos para juzgar las actuaciones del gobierno en Miraflores.
“Creo que los venezolanos no nos podemos sentir solos, creo que podemos sentir cómo todas las instancias internacionales posibles, están haciendo lo propio para investigar lo que ocurre en Venezuela y así elevar una denuncia”, asegura Rodrigo Diamanti.
Según expertos, la exposición internacional que ha tenido Venezuela ha sido fundamental y por eso creen que puede haber un camino diferente para los ciudadanos venezolanos, dentro y fuera de su país, con la apertura de la investigación por parte de la Corte Penal Internacional y sus consecuentes conclusiones.
