Un informe difundido por Human Rights Watch y la organización venezolana Foro Penal destaca como el régimen venezolano ha empleado en forma sistemática la fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos del gobierno y opositores políticos.
Una publicación realizada por La Patilla, destaca que el informe contiene 73 páginas, “arremetida contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”, documenta 88 casos sobre al menos 314 personas, muchas de las cuales describieron haber sufrido graves violaciones de derechos humanos en Caracas y 13 estados entre abril y septiembre de 2017.
Indica que miembros de las fuerzas de seguridad golpearon violentamente a detenidos y los torturaron con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas brutales. También emplearon la fuerza excesiva contra personas en las calles, y detuvieron y procesaron arbitrariamente a opositores del gobierno. Aunque no fue la primera arremetida contra críticos del gobierno de Nicolás Maduro, la magnitud y gravedad de la represión en 2017 llegó a niveles inéditos en la historia reciente venezolana.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señaló que “los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles. No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”.
El informe se basa en entrevistas realizadas a más de 120 personas, incluidas víctimas y sus familiares, abogados afiliados al Foro Penal que asistieron pro-bono a víctimas en audiencias judiciales y profesionales médicos que atendieron a personas heridas durante las manifestaciones o en lugares próximos a ellas. “También evaluamos las evidencias disponibles que corroboraban los testimonios, incluidas fotografías, grabaciones de vídeo, informes médicos y sentencias judiciales, y consultamos informes y declaraciones oficiales”.
En algunos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad detonaron cartuchos de gas lacrimógeno en ambientes cerrados donde había personas detenidas, hacinaron a los detenidos en pequeñas celdas de confinamiento por períodos prolongados y les negaron acceso a alimentos o agua, o los obligaron a ingerir alimentos contaminados deliberadamente con excremento, cenizas de cigarrillos o insectos.
En varios casos, los detenidos fueron víctimas de abusos físicos y psicológicos, con la presunta intención de castigarlos o coaccionarlos para que se incriminaran o comprometieran a otros, incluyendo a dirigentes opositores. El tipo de abusos y el momento en que se produjeron muchos de ellos —así como la expresión frecuente de epítetos políticos por los agresores— sugieren que el propósito no fue garantizar la aplicación de la ley ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus supuestas opiniones políticas, señalaron Human Rights Watch y el Foro Penal.
