El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela y gobernador del céntrico estado Miranda, Henrique Capriles, dijo este miércoles que desea someter su inhabilitación para ejercer cargos públicos a un referendo consultivo, y que pondrá su cargo «a la orden» si llegase a perderlo.
«Si el pueblo mirandino está de acuerdo con mi inhabilitación (y pierdo), inmediatamente pondré mi cargo a la orden, pero también reto a (el presidente Nicolás) Maduro a que lo haga y se someta a esta consulta», dijo Capriles a su salida de un acto religioso, de acuerdo con un comunicado de prensa de la gobernación de Miranda.
La Contraloría de Venezuela informó el pasado viernes al líder opositor de su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de 15 años por presuntamente aceptar donaciones, contratar sin licitar y no presentar el proyecto de ley de presupuesto de la entidad que gobierna, en 2013.
Según la resolución enviada al opositor, la Contraloría acusa a Capriles por recibir tres donaciones de las embajadas de Reino Unido y Polonia, que fueron asentadas como «donaciones y subvenciones» por la gobernación.
Estos contratos habrían sido firmados entre 2010 y 2011, y según Contra a la gobernación recursos por 96.630,05 bolívares.
La Contraloría recordó en su escrito que la celebración de estos convenios violó el artículo 150 de la Constitución venezolana porque no recibieron el aval del Parlamento, que en ese entonces dominaba el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Capriles aseguró que el dinero fue empleado para reparar una instalación deportiva, crear páginas web y financiar un programa de promotores por la paz escolar.
Además, la Contraloría cuestionó la firma de 3 contrataciones con empresas privadas en las que se omitió el procedimiento legal de licitaciones.
De acuerdo con la Contraloría, Capriles tuvo «responsabilidad administrativa» en la firma de los contratos con los privados y los convenios con las embajadas, y actuó «de manera negligente» al no presentar ante el Legislativo regional el proyecto de ley de presupuesto en 2013.
El opositor puede recurrir su inhabilitación ante la Contraloría en los siguientes 15 días hábiles a su notificación, en tanto que para introducir un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia tiene 180 días corridos desde que fue informado de la sanción.
Este martes los abogados del gobernador adelantaron que pedirán «medidas cautelares» en instancias internacionales para frenar su inhabilitación, aunque no explicaron cuándo lo harán o a cuáles órganos acudirían.
«Estamos evaluando cuál de todas estas herramientas es la más indicada para hacer valer la defensa del gobernador», sostuvo en rueda de prensa Rafael Chavero, uno de los abogados de Capriles.
Chavero expresó que la inhabilitación que alcanzó a Capriles no está hecha para funcionarios de elección popular.
«Eso es para funcionarios, en todo caso, administrativos», sentenció el abogado.
