El secretario de Seguridad Nacional de Donald Trump y exjefe del Comando Sur de EE.UU., el general retirado John Kelly. EFE

El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kelly, justificó hoy el veto a los refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes y defendió la ejecución, pese a reconocer que más de mil viajeros con documentos en regla no pudieron viajar o fueron detenidos desde que entró en vigor.

En una rueda de prensa en Washington, Kelly aseguró que la orden ejecutiva firmada el viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, no es una «prohibición de viaje contra musulmanes», sino una «pausa» temporal para realizar una revisión del programa de refugiados y visados «necesaria desde hace tiempo».

En ese sentido, explicó que la expresión «escrutinio extremo», utilizada por Trump para justificar una revisión destinada a evitar que «terroristas islámicos radicales» ingresen al país, podría incluir un exhaustivo control de las comunicaciones, visitas en internet e interacciones en redes sociales de los peticionarios de asilo, algo que están evaluando las autoridades.

Esas medidas, de aprobarse, se aplicarían una vez finalice la determinación de 120 días que ha llevado a la suspensión de todo el programa de acogida de refugiados de la primera potencia mundial y a detener durante 90 días la emisión de visados para ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.

«No voy a jugar con las vidas de los estadounidenses», aseguró Kelly para justificar la medida, que ha sido criticada por ser indiscriminada y afectar a personas que piden acogida por razones humanitarias y a musulmanes.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró que no es una medida «extrema, sino razonable y necesaria», y responsabilizó a la prensa por crear «confusión» al informar sobre la descoordinación entre agencias federales y el Ejecutivo para aplicar la orden.

Por su parte, Kelly negó que la ejecución de la medida hubiese provocado el caos en aeropuertos de todo el mundo, donde viajeros con la documentación apropiada no pudieron embarcar en los aviones; o en EE.UU., donde se detuvo durante horas a residentes permanentes sin acceso a consejo legal.

El comisionado en funciones de la Agencia de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), Kevin McAleenan, aseguró que las autoridades de inmigración tomaron «medidas inmediatas» para que se aplicara el decreto de Trump sin violar los derechos de los viajeros y se pudieran emitir exenciones en determinados casos.

McAleenan reconoció que las instrucciones para aplicar el decreto ley de Trump se implementaron cuando el sábado ya había viajeros atrapados en las garitas de aduanas de los aeropuertos o personas con billetes y visados que fueron rechazadas por aerolíneas, algo que aún intentan subsanar.

El secretario de Seguridad Nacional aseguró que las 109 personas que habían sido afectadas o detenidas injustamente por la mala aplicación del decreto era una cifra de un «estadio muy temprano» en las primeras horas de aplicación de la normativa.

«Negamos el embarque a 721 viajeros que disponían visados desde los países afectados, pero procesamos también exenciones para 1.060 residentes permanentes legales, así como 75 para personas con visado de inmigrante y no inmigrante», detalló Kelly.

Asimismo, el responsable del CBP aseguró que 872 refugiados han recibido una autorización especial para ingresar en Estados Unidos durante lo que queda de semana, al considerarse que de otro modo estarían sometidos a «trato indebido».

La apresurada orden ejecutiva, además de ser criticada por no servir para combatir el terrorismo islamista en EE.UU. -en la mayoría de casos obra de estadounidenses de nacimiento-, se mantuvo en secreto y en conocimiento de un reducido grupo de funcionarios y asesores desde su concepción.

Kelly afirmó que pudo leer dos borradores de la orden poco antes de la firma del viernes y reconoció que se mantuvo en conocimiento de un grupo reducido. «No se distribuyó a todo el mundo en el departamento, solo a las personas necesarias, incluido yo, mi jefe de personal y mis abogados», especificó.

Miembros del Departamento de Seguridad Nacional participaron en la corrección y revisión de los borradores de la orden ejecutiva, aunque Kelly no tuvo un papel activo en la elaboración.

«Sabíamos que la orden ejecutiva estaba de camino. No fue una sorpresa y la implementamos», apuntó Kelly, que añadió que «el único caos que vimos era el que venía de otras partes de los aeropuertos», en referencia a las masivas protestas en los puertos de entrada donde se había detenido a viajeros este fin de semana.