EFE
Los abogados que representan a un grupo de 26 niños y adultos migrantes venezolanos contra el Estado de Trinidad y Tobago han logrado impedir que las autoridades los repatríen una segunda vez.
Este es el resultado de una audiencia de emergencia que terminó a última hora de este miércoles y en la que la jueza del Tribunal Supremo Avason Quinlan-Williams otorgó una orden judicial para detener una segunda deportación en espera del resultado de una demanda sustantiva.
El grupo, entre los que se encuentra un bebé de 4 meses, había sido expulsado por mar por las autoridades trinitenses el domingo pasado, horas antes del inicio de un juicio en el que iban a pedir su estancia en la isla.
Tras estropearse el motor de la barca y estar dos días sin saber de su paradero, la justicia de Trinidad y Tobago ordenó su regreso al país.
Quinlan-Williams también ordenó que el grupo entre en cuarentena obligatoria durante 14 días antes de ser puestos en libertad.
Se espera que los venezolanos sean transportados al centro de detención de migrantes en el helipuerto de Chaguaramas -noroeste de Trinidad- este jueves para cumplir su cuarentena y que luego sean puestos en libertad.
En la vista de la noche del miércoles el equipo legal de los migrantes alegó que las acciones de los funcionarios del Estado al deportarlos el domingo, violaban sus derechos constitucionales a la libertad, la protección ante la ley y el derecho a la privacidad y la vida familiar que están garantizados a cualquier persona dentro del país, incluidos los ilegales.
También alegaron que la acción violó varios tratados internacionales y la Política Nacional de Atención de Refugiados y Asilo, que fue creada en 2014 y no fue abolida.
El grupo ha sido sometido a las pruebas de la covid-19, resultando todos negativo.
El caso volverá a ser visto a última hora del viernes por la Justicia de Trinidad y Tobago.
