Los familiares de Fabián Urbina, Leonardo González y Luis Guillermo Espinoza, caídos durante las protestas en el 2017, junto a las abogadas de José Vicente García y los 14 Polichacao encarcelados en El Helicoide y la activista por los derechos humanos, Lilian Tintori de López, expusieron sus casos en la quinta audiencia que acompañará la investigación realizada por la Organización de Estados Americanos, para determinar la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país.
En este sentido, el testimonio de Zulmith Espinoza, madre de Luis Guillermo González quien fue asesinado el 5 de junio del presente año en el estado Carabobo, denunció que su hijo “recibió un impacto de bala en la cabeza durante una protesta en Los Tulipanes que le causó daños severos en la vista y audición”. Según Espinoza, el joven tras ser herido fue trasladado a tres centros de salud de Carabobo pero “en ninguno pudieron atenderlo porque no tenían la capacidad para hacerlo hasta que por fin lo atienden en la Clínica La Viña. Allí le hicieron una placa donde se veía la bala en su cabeza”. Posteriormente, González fue intervenido quirúrgicamente pero “no respondió al tratamiento luego de su operación porque no pudieron extraerle la bala y murió”.
Zulmith Espinoza resaltó que en Venezuela no solo “se es víctima de la represión sino también de la escasez de medicinas y la crisis hospitalaria”, y aseguró que “Venezuela vive un trágico momento, por la crisis y porque persiguen a aquellos que piensan distinto al gobierno”.
En cuanto al caso de Leonardo González, un venezolano de 49 años residenciado en el estado Carabobo y asesinado también por impacto de bala en la espalda tras “ser perseguido por policías municipales y Guardias Nacionales que le dispararon por todos lados, cuando intentaba ayudar a un joven herido en una manifestación”, su esposa, Olga de González, relató cómo “la manifestación en Valencia era dispersada con represión desmedida, con armas de fuego” que están prohibidas según el artículo 68 de la Constitución Nacional, el cual estipula que “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
El auto donde se movilizaba Leonardo González recibió al menos 16 impactos de bala y fue perseguido “porque lo catalogaron como delincuente cuando lo único que tenía en sus bolsillos y en el carro eran caramelos, agua y comida que ofrecía a los muchachos que manifestaban. Las armas de mi esposo solo eran su gorra, su bandera y caramelos”, agregó Olga Elena. Cabe destacar que Leonardo González formaba parte de la organización sin fines de lucro, Doctor Yaso- Payasos de Hospital, dedicada a contribuir con la estabilidad emocional de pacientes hospitalizados en todo el país.
Otro de los casos que evidencian “el uso desmedido de las fuerzas de seguridad del Estado en las protestas” fue el de Fabián Urbina. Según su padre, Iván Urbina, “fue asesinado por el impacto de una bala” en la protesta que se registró el 19 de junio en el Distribuidor Altamira, en Caracas. Urbina aseguró que en Venezuela “sí estamos ante una gran violación de derechos humanos porque la Guardia Nacional usó armas de alto calibre” y en el caso de su hijo, “las usaron para dispararle directo al pecho, ocasionándole una herida en el tórax, a la altura de la clavícula. Por esta violación, por el uso de armas prohibidas mi hijo muere casi de forma instantánea”.
Ante este hecho, Urbina exigió al Ministerio Público y las organizaciones internacionales garantes de los DDHH, que les permitan “ver la luz de la justicia, porque la única arma que tenía mi hijo en las protestas pacíficas era su deseo de lograr una Venezuela mejor, con medicinas, con buenos hospitales, con pan en las panaderías, con seguridad, con oportunidades”. Hizo un llamado también a que “se haga justicia y todos los que están en la cadena de mando, que fueron quienes dieron, recibieron y ejecutaron la orden de disparar en las manifestaciones, paguen”.
La activista por los derechos humanos, Lilian Tintori de López resaltó que es necesario el apoyo de la comunidad internacional y de iniciativas como la que sostiene la OEA, que “permiten elevar la voz de todas estas familias víctimas de la dictadura”. Se refirió además a que tanto el Ministerio Público como las organizaciones internacionales “deben unirse a este petitorio de justicia y libertad porque es una violación de derecho humanos que estos jóvenes fuesen asesinados con balas disparadas más arriba de la cintura, que hayan sido reprimidos en las protestas cuando es nuestro derecho. No podemos guardar silencio o acostumbrarnos a tanta maldad”, puntualizó.
Respecto a los casos de los presos políticos que cuentan con una boleta de excarcelación pero que no han sido puestos en libertad, la abogada Zoraida Castillo expresó que “los Polichacao son una prueba determinante de la tortura que hace el Estado. Fueron Investigados por el CICPC por la muerte del licenciado Duran. Fueron colgados de sus manos y pies, amarrados, golpeados con colchonetas y bates con la intención de conseguir una confesión pero no lo lograron”. La abogada aseguró que hasta la fecha el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional “no acata la orden y no les dan libertad a los 14 Polichacao que son inocentes”.
Las denuncias de los familiares de los 14 Polichacao incluyen “torturas físicas, vejaciones, no tienen derecho al aire libre ni al sol, se les quita el derecho a la visita y uno de los funcionarios, el más joven fue atacado salvajemente y pasó días sin poder caminar, otros tienen mermada la vista porque están sometidos a una luz blanca”, denunció Castillo.
