Durante cuatro meses, Venezuela ha sido víctima de la injusticia y la violencia mientras el pueblo venezolano sale a las calles a luchar por la paz y un futuro mejor para las nuevas generaciones.
El 30 de abril de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) adoptó las funciones de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora a través de las sentencias 155 y 156. Una medida calificada por la Fiscal General de La República, Luisa Ortega Díaz (identificada plenamente con el chavismo), como una ruptura del hilo constitucional.
El 1 de abril la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dio a conocer una agenda de protestas ciudadanas contra del Poder Judicial. De manera pacífica, la oposición se instaló en las calles para demostrar su descontento. Cinco días después, Jairo Ortiz Bustamante, se convirtió en la primera víctima de las protestas. Con tan solo 19 años, el joven falleció luego de un disparo al tórax.
La noticia impactó al mundo y el 19 de abril once países expresaron su rechazo ante los hechos sucedidos en Venezuela, condenando la violencia y los asesinatos. Con el apoyo de la mayoría de los venezolanos, la oposición continuó organizando actividades y marchas. El 24 de abril se llevó a cabo el “Gran Plantón Nacional”, una protesta pacífica en las calles de Caracas. Los crueles episodios represivos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana se repiten a diario. El 26 de abril la violencia de las fuerzas de seguridad cobró la vida de Juan Pablo Pernalete, quien falleció tras el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho.
Los héroes de la libertad
La muerte de los estudiantes enluteció las calles, pero impulsó a los manifestantes a salir con más convicción, es así como el 27 de abril tuvo lugar un homenaje a los 34 caídos. A pesar de la tristeza, la sociedad continuó manifestando su deseo por un mejor futuro.
El 1 de mayo, Nicolás Maduro anunció la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Su convocatoria no sería aprobada por el pueblo, como establecen las leyes venezolanas, sino que, luego de ser redactada por los constituyentistas, la Carta Magna sería sometida a la voluntad popular. Mayo y junio se convirtieron en meses de extraordinaria violencia. A las centenares de detenciones arbitrarias se sumaron los casos de maltrato, abuso de poder y violaciones sexuales y se elevaron a cien el número de víctimas fatales.
A comienzos de julio, la MUD y distintos representantes de la sociedad civil anunciaron la organización de una Consulta Popular para que los venezolanos mayores de 18 años de edad, dentro y fuera del país, dieran su opinión sobre tres aspectos esenciales: la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, la labor de la Fuerza Armada Nacional y la renovación de los Poderes Públicos así como la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional.
Días después, durante la madrugada del 8 de julio una decisión del TSJ sorprendió a los venezolanos ,y al resto del mundo, cuando el líder opositor, preso en Ramo Verde, Leopoldo López fue llevado a su hogar, luego de que le fuera otorgada la medida de casa por cárcel. Este evento dio un nuevo aire de esperanzas y motivó a los ciudadanos a participar en la Consulta Popular del 16 de julio en donde más de 7 millones de venezolanos expresaron su rechazo hacia la Constituyente.
La dictadura arrecia
A pesar de las advertencias de Nicolás Maduro, las manifestaciones continuaron. La MUD organizó un “Paro Cívico Nacional” el 26 y 27 de julio. Por dos días, las calles permanecieron vacías y gran parte de los negocios cerraron sus puertas en protesta a la Constituyente del 30 de julio, en la que, Tibisay Lucena, rectora del Consejo Nacional Electora, anunció que la elección había arrojado más de 8 millones de votos. Ese día 16 personas fueron asesinadas durante las protestas, aumentando el número de fallecidos a 129 venezolanos.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, así como Leopoldo López se dirigieron en dos ocasiones al país a través videos difundidos en las redes sociales por lo que, en la madrugada del 1 de agosto, el TSJ les removió la medida de casa por cárcel y fueron regresados a prisión.
Al día siguiente, el CEO de Smartmatic,Antonio Mugica, empresa que se ha encargado por años de las máquinas electorales en Venezuela, denunció la incongruencia de la cifra dada por Lucena, poniendo aun más en tela de juicio la legalidad del comicio.
Ya son más de 5mil heridos y al menos 129 los asesinados en 24 estados del país. ¿Qué más debe suceder para que Venezuela retorne a la constitucionalidad?
