La exmandataria de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), acusada junto a sus hijos y varios empresarios de la obra pública de delitos de corrupción cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces, acudió a los tribunales federales de Buenos Aires citada por el juez Claudio Bonadio y, aunque no declaró ni contestó preguntas, presentó un escrito.
La expresidenta acudió este martes a declarar como imputada en una causa por presunto lavado de dinero y cohecho, negó los cargos, pidió su sobreseimiento, denunció una «maniobra político-judicial» contra ella y se marchó sin dar declaraciones a la prensa.
«Sostener que se lava dinero cuyo origen es absolutamente conocido, se encuentra dentro del circuito bancario y circula de la misma manera, pagándose los correspondientes impuestos, es justamente el caso contrario a un delito de esta naturaleza», remarcó la exmandataria en el texto entregado a Bonadio, que divulgó a través de sus cuentas en las redes sociales.
En el extenso escrito, titulado «De la violación sistemática de todos y cada uno de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional», la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), reitera que se siente objeto «de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes» en el país.
«Al menos en los períodos democráticos, y que en mi caso particular se extiende a mis hijos Máximo y Florencia Kirchner, en especial, a esta última», asevera Fernández, que se encuentra imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en dos: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública.
El expediente por el que fue citada este martes investiga si la inmobiliaria Los Sauces se dedicaba a recibir millonarias sumas de dinero por el alquiler de inmuebles a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, a los que previamente beneficiaba con obras públicas y licencias.
«Los contratos de alquiler (…) pretenden ser calificados como un supuesto de lavado de dinero. Tal imputación resulta ridícula y contradictoria con todos los elementos de prueba ya incorporados a la causa», asevera la ex jefa de Estado.
«Se trata de contratos reales y genuinos, sobre inmuebles cuya existencia fue constatada a través de reiterados allanamientos, con inquilinos reales de carne y hueso, y en los que todos los movimientos económicos se realizan por el circuito bancario», subraya, Fernández, quien reclama tener «derecho a ser juzgada» por «un juez imparcial».
En su opinión, se trata de una circunstancia «que ni remotamente reúne el magistrado a cargo de esta causa, como es de público y notorio».
«Solo las presiones que desde el Poder Ejecutivo se ejercen sobre los jueces (…) han permitido que V.S. continúe al frente de esta causa y como titular de este Juzgado», sentencia en el escrito presentado a Bonadio.
«A esta altura ya tenemos dos causas judiciales con dos jueces diferentes por un mismo y único hecho, y con idénticos protagonistas: contratos de alquiler de inmuebles suscriptos con los mismos contratistas de obra pública. Un verdadero escándalo jurídico y político», reprocha Fernández.
Por último, advirtió que por la persecución a la que se ve sometida podría acudir a la Corte Suprema y a organismos internacionales de justicia.
