El gobierno panameño considera que la ruptura de las relaciones económicas, comerciales y financieras dictadas por el régimen de Maduro son en represalia a las sanciones impuestas la semana pasada por Panamá, se trata de una reacción política que carece de sustento, y se adopta fuera del marco jurídico internacional.

 

 

 

En principio el Gobierno de la República de Panamá, en voz de su canciller Isabel de Saint Malo manifestó que en ningún momento buscan afectar al pueblo veenzolano, al contrario se han unido a la denucia mundial por la violación de los derechos humanos y la ruptura del orden democrático en Venezuela, con el interés que se logre una solución en pro de sus ciudadanos.

Así mismo, el gobierno decidió retirar a su embajador en la República Bolivariana de Venezuela, Miguel Mejía, y solicitó al gobierno venezolano retirar a su embajador acreditado en Panamá, Jorge Durán Centeno.
Al cierre de esta edición, las autoridades panameñas evalúan el impacto de dichas medidas en el ámbito económico y comercial, a fin de identificar otras posibles futuras acciones.

Una de las empresas afectadas por la ruptura de relaciones es la que opera la aerolinea Copa, que al momento de la medida manejaba una frecuencia de tres vuelos diarios a Venezuela (Caracas, Valencia y Maracaibo), por lo pronto el Instituto Nacional de Aeronaútica Civil en Venezuela, se adelantó en dar ejecución al decreto publicado en Gaceta Oficial y procedió a anunciar la suspención por 90 días de sus vuelos.

Las reacciones de la comunidad venezolana no se hicieron esperar, coinciden en que es el mismo pueblo venezolano y su diáspora, la que termina  afectada con este tipo de medidas, que los aisla más y son contrarias a la evolución del país.

 

 

 

 

 

 

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