La alcaldesa de San Cristóbal y esposa del preso político, Daniel Ceballos, Patricia De Ceballos, informó que la audiencia de apertura a al juicio del líder sascritobalense fue suspendida por séptima vez desde que se retomó en el mes de enero, porque el tribunal no dio despacho. Resaltó que no hay ningún tipo de pruebas que señalen a su esposo y que cuenta con una medida sustitutiva de libertad respaldada por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.  A su juicio, el dirigente de Voluntad Popular lleva tres años y cuatro meses secuestrado por jueces que le temen al régimen de Nicolás Maduro.

 

 

 

“Hoy mi esposo cumple 3 años y 4 meses secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro. Hace 3 años y 4 meses, le arrebataron al pueblo de San Cristóbal a su alcalde y a mis hijos le arrebataron a su padre. Se dice fácil, pero para mi familia es indignante tener que vivir esta situación. Hoy la jueza Yosmar González, del tribunal 15 de juicio del área metropolitana de Caracas, la secretaria del tribunal, los escribientes y todos los funcionarios públicos están mucho más presos que mi esposo. Son presos del régimen, son presos de una justicia que está secuestrada y le teme a la dictadura. No tienen la capacidad de decidir dale la libertad a mi esposo; una libertad que esta solicitada desde hace meses”.

 

 

 

Explicó que la jueza que lleva el caso no ha emitido la orden para que Daniel Ceballos sea trasladado desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) hasta el Palacio de Justicia y que, las veces que se ha emitido, no la han cumplido. En este sentido, instó a los funcionarios de los órganos de seguridad y demás instituciones del Estado a cumplir con la Constitución y el mandato del pueblo venezolano, porque pronto los ciudadanos conquistarán la libertad desde las calles del país y ellos serán sometidos a una justicia verdadera y transparente.

 

 

“El país y el mundo deben saber que mi esposo, Daniel Ceballos, está secuestrado por la dictadura. Él está en su celda, pero su espíritu está libre. Él tiene la libertad de decir lo que piensa, porque nosotros sí somos libres de decidir estar en esta lucha por #LaMejorVzla. En cambio, la jueza Yosmar González no puede decidir porque es víctima de amenazas. Somos 7 millones y medio de venezolanos que hoy exigimos justicia, libertad y que todos los funcionarios se pongan del lado del pueblo y la Constitución. Muy pronto, en la Venezuela libre van a tener que darle la cara a una verdadera justicia. O se ponen del lado del pueblo, o se ponen del lado del régimen que tarde o temprano va a caer y serán sometidos a una verdadera justicia por los delitos de lesa humanidad”.