El enorme flujo de migrantes, la mayoría venezolanos, atravesando la peligrosa selva del Darién, que comparten Colombia y Panamá, tiene a los Gobiernos de ambos países discutiendo salidas ante la crítica situación humanitaria. Por esa ruta, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han pasado este año 150.000 migrantes, de los cuales el 70 por ciento son venezolanos. Más de 14.500 niños se han enfrentado a ese temido tramo y al menos 30 personas han muerto o desaparecido.
“Panamá ha hecho sentidos reclamos sentidos sobre esos cruces peligrosos”, dice la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil sobre la posibilidad de que Colombia impida el paso de los migrantes. La respuesta de Colombia es tajante: ni cerrará ni militarizará la frontera.
“No haremos nada que securitice la migración ni ataque al migrante que es el eslabón más grande de la cadena. No vamos a militarizar las fronteras”, explica a EL PAÍS. El enfoque de securitización es el que equipara la migración con aspectos de control y de seguridad nacional; el contrario es el de derechos humanos, que es al que se está alineando el Gobierno de Gustavo Petro.
