Foto: Archivo

El 22 de mayo, regresando al país luego de cinco días en el exterior, nos fueron confiscados los pasaportes a mi esposo y mi persona por funcionarios de migración en el aeropuerto internacional de Maiquetía por un supuesto “error del sistema” que no mostró la base de datos a nuestra salida del país. Dichos documentos fueron emitidos en años y sedes diferentes del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Dos días antes del regreso a Venezuela, recibí una captura de pantalla que informaba que al volver nos serían retenidos los documentos de identificación.

Regresamos con la certeza de que así sería. Nuestra única opción de vida está aquí donde también habitan nuestros hijos y nietos. No poseemos otra nacionalidad distinta a la venezolana, estamos orgullosos de serlo y luchar junto a la inmensa mayoría por el rescate de la justicia, la libertad y la democracia.

Le escribo esta carta pública en su condición de Defensor del Pueblo, porque como sabe, el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, establece: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”, entendida como identidad. Igualmente, nuestra Constitución en su artículo 56, señala que: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre… Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. Éstos no contendrán mención alguna que califique la filiación” (Fin de la cita, negrillas mías).

Este martes 30 de mayo, Elías Jaua, del partido PSUV, declaró sobre los casos de anulación de pasaportes que han denunciado dirigentes y diputados de oposición, así como algunos anclas de programas de radio críticos a la actual situación venezolana, afirmando que “deben quedarse en el país para que cada quien asuma su responsabilidad”.

Primero. A pesar de la constante persecución de la que hemos sido objeto, por decisión propia nunca nos hemos ido. Segundo. ¿Cuál responsabilidad? ¿No ser partidarios de la actual administración?  No hemos robado ni asesinado a nadie. Por lo tanto, la confiscación de pasaportes es, sin duda, selectiva, solo para opositores o ¿quién de la dirigencia peseuvista, periodista o ancla con simpatías por el gobierno se le ha anulado dicho documento? Tercero. El señor Jaua viola la letra de la Constitución y promueve la comisión de dicho delito en funcionarios de migración.

 

Algunas consideraciones:

  1. A quienes se nos ha retenido el pasaporte se nos somete al mismo procedimiento. En el aeropuerto RETIENENel documento por la existencia de un supuesto error. Seguidamente entregan un acta de retención sin firma alguna, (en nuestro caso plagada de errores en vuelo y procedencia)  y en el cual se lee: “Anulado por Error en Sistema”, es decir, la responsabilidad total es de esa institución. Finalmente, introducen los pasaportes en sobre sellado después de estamparle un sello como “anulado”.

Ahora bien, la presunta existencia del “error en el sistema” no es motivo para que se retenga el pasaporte, ya que el documento de identidad internacional no es el causante del mismo, tan es así, que los afectados hemos usado en diversas oportunidades y en distintos viajes dicha documentación sin presentar problema alguno y si lo hubiese, tocaría al SAIME subsanarlo de inmediato y a motu propio.

  1. Repito, el error es solo para opositores. El arbitrario actuar del funcionario, afecta nuestros derechos de libre circulación fuera del país, cercenando con ello nuestra identidad. Esta es un derecho humano que se expresa frente a la comunidad internacional por medio del pasaporte.
  2. Quienes proceden a retener y anular pasaportes de opositores al régimen sin mediar orden judicial alguna ni sentencia condenatoria, establecen de facto una prohibición de salida del país sin término.
  3. Los funcionarios que proceden de esta manera arbitraria, son violadores de derechos humanos y de libertades fundamentales de origen constitucional. Esa responsabilidad es exigible ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que podrán colocarlos a ellos y sus familiares en una situación comprometida. No conocemos un país que conceda visa o residencia a violadores de derechos humanos y libertades fundamentales ni a sus familiares, una vez conocidos esos hechos.

Esta arbitrariedad nos deja sin pasaporte a los afectados, pero a los violadores los deja sin destino donde recalar y sin futuro claro al quedar retratado el delito y eso, en estos días finales, debe preocupar a responsables y familiares por igual.

Yo soy pueblo en tanto ciudadana venezolana, y usted es Defensor del Pueblo… espero honre el título de su cargo.

 

Reciba un cordial saludo.

 

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