El Caracas Press Club rechaza categóricamente los bloqueos de sitios web por parte de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), así como desde operadoras privadas, por violentar el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y difundir información a través de Internet.
En las últimas semanas fueron bloqueados desde Cantv los accesos a El Nacional Web y al portal La Patilla, ambos de línea informativa. Asimismo la plataforma El Pitazo recibió continuos ataques cibernéticos que suman un total de cuatro, desde el año 2017, y fue bloqueada su página por la operadora pública, el pasado mes de abril.
Más recientemente, Cantv bloqueó el acceso a la red Tor, un mecanismo de comunicación anónima para evadir bloqueos. La medida restrictiva también se aplicó a páginas de contenido sexual. En estos casos no se trató de bloqueos por DNS, como en ocasiones previas contra diversos portales web, sino que trascendió a bloqueos por dirección IP, lo que representa un nivel mayor de sofisticación que incrementa los obstáculos para acceder a contenidos en línea.
Las operadoras privadas Digitel y Movistar, se han sumado a los bloqueos, lo que deriva de hecho en una complicidad que valida y reproduce la censura. El servicio que ofrecen estas empresas son de alcance público por lo que deben, junto a Cantv, responder ante los usuarios por los impedimentos ilegítimos a la navegación libre.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no rinde cuentas sobre su gestión ni actuaciones en caso de bloqueos. El uso arbitrario de los recursos públicos se traducen en violaciones indirectas a la libertad de expresión al impedir la circulación de información. Tales medidas agravan aún más el ecosistema comunicativo ante las severas restricciones a los medios tradicionales en un contexto nacional de crisis social, política y económica.
La Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos prohíben la censura previa. Sólo son admisibles medidas de responsabilidad ulterior, que deben ser proporcionales, producir el menor daño posible al derecho, ser una excepción ajustada al caso particular y la última opción a considerar. Por el contrario, las prácticas estatales descritas convierten en norma la sanción arbitraria, y con ello la censura, a fin de limitar la libre circulación de información.
La Declaración Conjunta sobre la Independencia y la Diversidad de los Medios de Comunicación en la Era Digital, reitera que los Estados tienen la obligación positiva de tomar medidas apropiadas para proteger los sistemas de comunicaciones digitales contra ataques cibernéticos, y de reforzar la seguridad digital de aquellos que corran riesgo de ser el blanco de ataques por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Ante la violación a la libertad de expresión e información que implica estas acciones el Caracas Press Club:
-Exige al Estado venezolano y a las empresas privadas el cese de bloqueos arbitrarios que obstaculizan la búsqueda y difusión de contenidos en la web.
-Rechaza la opacidad con la que se maneja, desde el ámbito público y privado, la gestión en telecomunicaciones, así como la omisión deliberada de estos entes respecto a las solicitudes de información sobre los bloqueos.
-Reitera
Que Internet es una red de comunicación de uso e interés público, por lo que su administración
debe ser transparente y permitir la contraloría social a fin de garantizar los derechos humanos en línea.
