La situación de derechos humanos en Venezuela «sigue afectando a millones de personas con claros impactos desestabilizadores en la región», dijo en un informe el lunes la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La declaración da continuidad a un informe anterior emitido el en julio pasado, después de la visita realizada por Bachelet a Venezuela.
«Aliento a las autoridades (gobierno en disputa de Nicolás Maduro) a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición», dijo Bachelet en el informe en que señala que persisten los malos tratos en las prisiones.
«Mantengo mi compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de derechos humanos documentadas en mi informe», sostiene el texto.
La Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. indicó que su Oficina está al tanto de que algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de su anterior informe fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios.
«Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención», dice el informe.
«Reitero mi llamado tanto al gobierno (en disputa) como a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación que considero como la única manera para poder superar la actual situación», agrega.
El informe advierte sobre el deterioro económico que sigue avanzando y acerca de que continúan los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales a manos de fuerzas bajo el mando de Maduro.
Bachelet dijo, no obstante, que su oficina » ha logrado restablecer el trabajo» en Caracas y que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro «ha confirmado su voluntad de avanzar sobre la base de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos» durante su visita en junio.
Afirmó que en cuanto a la situación de las cárceles hay «avances recientes», citando que el 6 de septiembre un miembro de su equipo fue autorizado a visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde.
Esta, afirmó, es la seta visita a prisiones desde marzo. Dijo que se avanza en establecer un protocolo y calendario de visitas para los próximos meses. Afirmó que han sido excarceladas 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria y que seguían en régimen de detención, así como otros casos señalados por la Oficina.
«Queda pendiente la liberación plena de la Jueza Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes obtuvieron medidas parciales», dice el informe del lunes.
Según el informe, el gobierno en disputa «se ha comprometido a establecer un mecanismo para atender casos individuales» y Bachelet ha remitido 7 casos prioritarios. Otros detalles sobre este aspecto no fueron revelados de inmediato.
La situación médica de algunos detenidos está en el centro de atención del Alto Comisionado de la ONU que lidera Bachelet.
