El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, acordó abrir una investigación al alto mando de la Dirección de Contrainteligencia Militar de la Fuerza Armada (DGCIM), por ser el supuesto ejecutor de la persecución contra militares y la detención de muchos de ellos.
Los parlamentarios acordaron por unanimidad el inicio del procedimiento «de manera inmediata» contra el director de la DGCIM, el general Iván Hernández; al jefe de Investigaciones, el coronel José Franco Quintero, y su cadena de mando «por la presunta ejecución de torturas y violaciones a los derechos humanos de decenas de presos políticos», indica el texto oficial.
La decisión de la unicameral Asamblea Nacional, tras la sesión a la que solo acudieron los opositores, prevé llevar estos casos hasta «las respectivas instancias internacionales».
Los diputados opositores sostienen que en los últimos años se ha llevado a cabo «la destrucción institucional de la Fuerza Armada Nacional, pues esta ha sido empleada como un instrumento político y no como garante de la paz y estabilidad».
El debate se dio a propósito de la detención de varios implicados, algunos de ellos militares, en un supuesto plan de conspiración financiado por factores políticos de Colombia y los Estados Unidos, según el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
