Rodrigo Noriega (LA PRENSA)

El 18 de marzo de 2019, el entonces presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió en el Palacio de las Garzas las Cartas Credenciales de mano de la ingeniera civil Fabiola Zavarce, en las que se le acreditaba como Embajadora Plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, en representación de Juan Guaidó como Presidente interino de ese país. Y así lo reconocieron otros 54 países.

Esta situación dejó a Panamá con dos representaciones diplomáticas simultáneas, la de Guaidó y la de Nicolás Maduro, que era la que gestionaba la parte consular y comercial de los vínculos entre los dos países.

El 4 de febrero recién pasado, la canciller de Panamá, Erika Mouynes, le escribió a Zavarce y pidió que entregara las Cartas Credenciales que le permitían ser la jefa de la Misión Diplomática de su país en la capital panameña.

Esta acción diplomática ha sido interpretada como un acomodo de Panamá con el régimen de Maduro.

El pasado 6 de diciembre hubo elecciones legislativas en Venezuela, cuyo resultado fue el cambio de la Asamblea Nacional elegida en 2015, de mayoría opositora, que respaldaba a Guaidó. Debido a la falta de confianza en el proceso electoral y a la violenta persecución que ha sufrido la oposición, esta no participó en la elección. De esa forma, el 5 de enero de 2021 se venció el término “formal” de la Asamblea presidida por Guaidó.

De los países que reconocían a Guaidó, según el diario el País de Costa Rica, 20 tenían dos representaciones diplomáticas al mismo tiempo: la de Guaidó y la de Maduro. Entre esos países estaba Panamá.

El cambio de consideración de la representación diplomática de Guaidó en Panamá continúa una tendencia que ya se venía destacando internacionalmente. Al llegar los nuevos gobiernos de Argentina y Bolivia, de tendencia izquierdista, cambiaron su relación con el gobierno de Guaidó por la de Maduro. Esto ocurrió antes del pasado 5 de enero. Luego, en esta fecha, la Unión Europea le retiró el reconocimiento a Juan Guaidó.

El retiro de las Cartas Credenciales de Panamá es el primero en América Latina desde que concluyó el término original de la Asamblea liderada por Guaidó. Como Panamá no adoptó la misma decisión que los países del Grupo de Lima de reconocer la prórroga del gobierno de Guaidó en materia diplomática, no cabía otra solución.

Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, entre 1999 y 2018, bajo los gobiernos chavistas, murieron en Venezuela 333 mil 029 personas por causa de la violencia. Eso hace un promedio de 40 personas al día.

Por otra parte, los estimados internacionales de migración forzada, tanto económica como política por la situación de Venezuela, alcanzó 5.4 millones que se desplazaron fuera de ese país, lo que representa una tragedia humanitaria de gran magnitud. ¿Sabía el gobierno de Panamá que le están dando la espalda a los Derechos Humanos de los venezolanos?

La decisión diplomática tomada por Panamá está respaldada por el Artículo 1 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas (Ley 65 de 1963), que dice que el jefe de la misión diplomática (Embajador o Encargado de Negocios) es aquella persona que el Estado Acreditante designe como tal.

Sin embargo, otros países latinoamericanos optaron por mantear el reconocimiento a la Asamblea electa en 2015 y, por tanto, en esta ecuación diplomática Guaidó, sigue siendo presidente interino de Venezuela.

En la historia de Panamá se suscitó un caso similar el 26 de febrero de 1988, cuando el entonces “presidente” de Panamá, Eric Arturo Delvalle, fue derrocado por el general Manuel Antonio Noriega, trasladando una parte importante de su gobierno al exilio. Cuando se cumplió su mandato, el 30 de septiembre de 1989, a pesar de las elecciones sangrientas y brutalmente corruptas en las que la dictadura perdió abrumadoramente, Delvalle no tenía fundamento en el Derecho Internacional para seguir actuando como Presidente. Panamá se quedó sin gobierno legítimo en ese momento.

La triste conclusión jurídica contenida en la nota de la Ministra de Relaciones Exteriores Erika Mouynes debió ser acompañada de un reconocimiento a la injusticia y a la enorme crisis humanitaria que vive Venezuela. Al tiempo que se pedía la entrega de las Cartas Credenciales, se debió ofrecer el asilo territorial a la ingeniera Zavarce y a su familia, entendiendo que su vida peligra por dos decisiones distintas tomadas por un mismo Estado: Panamá.

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