La Prensa
Un artículo de análisis del diario de Panamá La Prensa, firmado por Rodrigo Noriega advierte que las propuestas de revelan una fractura en la Asamblea. Por un lado, la ideología del miedo promueve la persecución y la hostilidad, y por el otro, se demuestra que la xenofobia no está en el ADN de la clase política panameña.
A continuación el artículo de hoy 27 de abril de 2021:
El 10 de agosto de 2020 fue presentado a la Asamblea Nacional el anteproyecto de Ley 075, cuya finalidad era: la derogatoria del Decreto Ejecutivo 249 de 2019, que es parte del esquema legal que regularizó a decenas de miles de extranjeros en la década pasada, y la de prohibir que los extranjeros que ya obtuvieron su residencia permanente por este mecanismo, puedan adquirir la nacionalidad panameña. Esto último sería totalmente inconstitucional.
El 1 de marzo de 2021, la Asamblea Nacional recibió el anteproyecto 299 que pretende una profunda reforma de corte punitiva a la actual legislación migratoria.
Ambos anteproyectos fueron presentados por la diputada del partido de gobierno Zulay Rodríguez Lu.
La guerra contra la migración
El anteproyecto de Ley 075 contiene cuatro artículos que, esencialmente, se enfocan en la derogatoria de una de las últimas normas administrativas que en materia de migración hizo la administración del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019). La derogatoria de ese decreto dejaría en la zozobra a un estimado de 60 mil extranjeros que cuentan con su residencia temporal, la que debe convertirse en permanente según lo estipula el Decreto Ejecutivo 249. En ausencia de este decreto, los extranjeros con residencia temporal quedarían al libre arbitrio de las autoridades de migración.
Por su parte, el anteproyecto 299 busca generar un laberinto de regulaciones y restricciones complejas para los extranjeros residentes o migrantes a Panamá. En sus 19 artículos, el anteproyecto de Ley 299 aumenta los requisitos de entrada a Panamá, incluyendo la exigencia de mil 500 dólares de respaldo, o en su defecto cheque de viajero, tarjeta de crédito acompañada de estado de cuenta, o las declaraciones de renta del visitante a Panamá.
Además, la propuesta legislativa contiene otros absurdos, como el del artículo 10 sobre el migrante que desea la repatriación voluntaria, y que en vez de facilitarle la salida del país, se establecen elevadas multas de 100 dólares por cada mes que haya permanecido de forma irregular en el país, y tendrá un impedimento de entrada de 5 a 10 años. La multa será de hasta de mil dólares si tiene hijos menores de edad o cónyuge en Panamá, y se le exceptúa la restricción de entrada. Estas exigencias son un verdadero desincentivo a la repatriación voluntaria por los altos costos y riesgos que esta implica.
El anteproyecto 299 pretende que los extranjeros pierdan su derecho a la libertad de expresión, ya que si manifiestan alguna “ofensa o insulto” sobre Panamá, pueden ser deportados.
La propuesta no busca facilitar la solución legal de la situación migratoria de extranjeros regulares o irregulares en Panamá, sino que conlleva un fuerte modelo regulatorio enfocado en la sanción y la deportación. Una gran parte de los preceptos de ese anteproyecto calificarían como inconstitucionales por su abierta violación del principio de igualdad entre panameños y los extranjeros establecido en el artículo 20 de la Constitución.
Otro paradigma es posible
El 25 de enero de 2021, el diputado Gabriel Silva presentó un anteproyecto de ley, el 255, con 27 artículos, que se aproxima al tema migratorio con una visión de la necesidad de formular una política pública de extranjería basada en la evidencia y los derechos humanos.
Este anteproyecto de ley contiene normas que facilitarían la integración familiar, la atracción de capital humano de alta formación proveniente del extranjero, e integra una visión de conjunto para que el Estado panameño enfrente el tema migratorio.
El evidente choque entre los modelos esbozados por el anteproyecto 075 junto al 299, contra lo contenido en el anteproyecto 255, revela una profunda fractura dentro de la Asamblea Nacional. Por un lado, la ideología del miedo y del engaño promueve la persecución y la hostilidad a personas que contribuyen al desarrollo nacional. Por otra parte, la iniciativa del diputado Silva le lava la cara a Panamá, demostrando que la xenofobia no está en el ADN de la clase política panameña.
La existencia de los anteproyectos 075 y 299 agregan otro elemento de preocupación en tiempos de pandemia: ninguna persona, sea nacional o extranjera, debe tener miedo de acudir ante una autoridad para hacerse un hisopado, buscar una vacuna o solicitar atención médica. Demonizar a los extranjeros, y crear un entorno intimidatorio dentro del cual se sugiere que su estatus migratorio legal puede perderse, genera las condiciones para que personas sumamente vulnerables eviten contactar cualquier servicio de salud o entidad pública, so pena que sus datos se usen en contra suya el día de mañana. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que el miedo es la peor enfermedad.
