Este lunes delegados de América Latina y el Caribe se reunirán en Brasilia para repasar sus experiencias en materia de refugiados, que se concentran sobre todo en los casos de Centroamérica y Colombia, pero ahora también en Venezuela.
“Será un reconocimiento al espíritu de solidaridad y cooperación que ha caracterizado siempre a América Latina y el Caribe en todo lo que se refiere a protección internacional“, dijo la española Isabel Márquez, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Brasil.
La reunión, que se celebrará entre lunes y martes y a la cual asistirán el titular de Acnur, Filippo Grandi, y autoridades de 36 países, se enmarcará en el proceso de elaboración del Pacto Global sobre Refugiados, que se discute en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La idea es que estas buenas prácticas desarrolladas en América Latina y el Caribe sean compiladas en la elaboración del programa de acción para el Pacto Global, que en opinión de Márquez supone una “oportunidad única” para atender a quienes se ven desplazados de sus países por conflictos y otras situaciones.
En el caso particular de América Latina y el Caribe, Márquez dijo que las mayores experiencias en esa área de atención humanitaria se han dado en particular en los casos de centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos y de los millones de desplazados causados por el prolongado conflicto colombiano.
Sin embargo, apuntó que en los últimos dos años se ha agregado el éxodo de venezolanos que huyen de la aguda crisis política, social y económica en que se ha sumergido su país.
La agencia Efe, reseñó datos de Acnur, donde se revela que unos 133.000 venezolanos han solicitado refugio en otros países entre 2014 y 2017, pero a ellos se agregan otros 363.000 que se han acogido a otras “alternativas legales”, que son ofrecidas especialmente por países latinoamericanos.
En ese caso, se trata de iniciativas adoptadas por gobiernos, entre los que está el brasileño, que han decidido acoger a los inmigrantes venezolanos y facilitar tanto su documentación como su acceso a los servicios de atención públicos y al mercado de trabajo.
