La Asamblea Constituyente de Venezuela creada por el chavismo aprobó el martes 8 de agosto un decreto que la pone por encima de todos los poderes públicos del país, confirmando lo que cancilleres y representantes de 17 países del continente americano declararon horas antes en Lima: que en Venezuela se ha roto el orden democrático y que el gobierno de Nicolás Maduro es ahora una dictadura.
La presidenta de la Constituyente, la excanciller Delcy Rodríguez, dijo que los poderes constituidos —incluida la Asamblea Nacional controlada por la oposición—no pueden impedir las decisiones del nuevo cuerpo.
“El poder constituido está subordinado a esta Asamblea Nacional Constituyente”, dijo Rodríguez en declaraciones difundidas por la estatal Agencia Venezolana de Noticias.
Según el primer vicepresidente de la Constituyente, Aristóbulo Istúriz, el decreto convierte a ese organismo en un “supra poder, que es plenipotenciario…”, con facultades para «reformar” y “limitar las funciones” de todos los demás poderes.
Istúriz advirtió que cualquier oposición a la medida se resolverá aplicando “la ley”, presagiando una escalada de los enfrentamientos y la profundización de la crisis política en Venezuela.
El decreto fue aprobado durante la tercera sesión de la Constituyente que se realizó en el hemiciclo protocolar del Palacio Legislativo. Éste fue tomado la víspera por Rodríguez con el apoyo de guardias nacionales, que el martes impidieron nuevamente a los diputados opositores ingresar al lugar.
“Estamos en un gobierno de facto donde gobiernan las armas y tenemos unas fuerzas armadas que están comprometidas con el golpe de Estado”, dijo el diputado Jorge Millán a The Associated Press al asegurar que pese al bloqueo del acceso, la mayoría opositora acudirá este miércoles de nuevo al Congreso para realizar la sesión ordinaria.
La nueva Asamblea Constituyente ha dejado claro que actuará con rapidez siguiendo las órdenes de Maduro tras sustituir el sábado a la fiscal general Luisa Ortega Díaz con Tarek William Saab, una figura leal al gobierno, y crear una Comisión de la Verdad que tendrá un poder inusual para procesar casos e imponer sentencias.
Mientras tanto, en Washington, la vocera del Departamento de Estado Heather Nauert, volvió a reafirmar el apoyo del gobierno de Estados Unidos al pueblo venezolano y dijo que el gobierno de Estados Unidos no reconoce la legitimidad de la Asamblea Constituyente (de Venezuela), a la que llamó «un producto ilegítimo de un proceso defectuoso diseñado por un dictador (en alusión a Nicolás Maduro).
