Este viernes, a través de un comunicado oficial, Cancillería Panamá anunció que concedió asilo político a los magistrados venezolanos Gustavo Sosa Izaguirre y Manuel Antonio Espinoza Melet, quienes días antes habían ingresado a la residencia diplomática panameña en Venezuela solicitando protección ante las circunstancias que atraviesa el país.
Al respecto, la canciller y vicepresidente panameña, Isabel Saint Malo, opinó a través de su cuenta Twitter:
Otorgamos asilo a Magistrados en solidaridad con el pueblo venezolano, en estos momentos le urge el apoyo de la comunidad internacional https://t.co/uzO9XxlLTy
— Isabel Saint Malo (@IsabelStMalo) August 4, 2017
Este es el comunicado oficial:
En días pasados, el Magistrado Suplente y Abogado de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Gustavo Sosa Izaguirre, y el Magistrado Suplente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Manuel Antonio Espinoza Melet, ingresaron a la residencia y misión diplomática de la República de Panamá en la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, solicitando la protección de nuestro país ante las circunstancias que atraviesan en Venezuela.
En solidaridad con el Pueblo venezolano, y tras la formalización de su petición, el Gobierno de la República de Panamá ha respondido positivamente a la solicitud de asilo político de ambas autoridades judiciales.
El Gobierno panameño reitera al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, la necesidad de detener las acciones de hecho y negociar una salida política en el marco de la constitución vigente en Venezuela, y del más estricto respeto de los Derechos Humanos, para el bienestar de su población.
En solidaridad con el Pueblo venezolano, y tras la formalización de su petición, el Gobierno de la República de Panamá ha respondido positivamente a la solicitud de asilo político de ambas autoridades judiciales.
El Gobierno panameño reitera al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, la necesidad de detener las acciones de hecho y negociar una salida política en el marco de la constitución vigente en Venezuela, y del más estricto respeto de los Derechos Humanos, para el bienestar de su población.