La fiscal general de la República (FGR), Luisa Ortega Díaz, mediante un contacto telefónico informó a los representantes de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) que se realiza en Argentina, sobre el antejuicio de mérito que realizan en su contra y la grave crisis en Venezuela.

A su juicio, este procedimiento lo realizan por acciones que todavía están confusas “porque los antejuicios de méritos son por delitos, sin embargo, allí en la solicitud que hace un diputado que no tiene ninguna atribución, se me procesa por supuestas faltas graves, hasta se me prohibió la salida del país, se me congelaron mis cuentas y bienes”.

Además destacó que la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los funcionarios son designados por la Fiscal, pero al margen de la Constitución y la Ley destituyeron al Vicefiscal “que había sido designado por mi persona y ratificado por la Asamblea Nacional. Asignaron a una persona al margen de la Constitución, la cual ha hecho una serie de actividades en desconocimiento de las propias normas que rigen al MP, creando una serie de conflictos y obstaculizando el trabajo que venimos realizando”.

Manifestó que recientemente se le quitó la facultad al MP de poder imputar, “la Ley establece que quien imputa es el Ministerio Público en nuestra propia sede, ahora resulta que esa atribución tenemos que hacerla frente a un juez como una forma de obstaculizar el ejercicio de la acción penal y así como esto hemos tenido una serie de inconvenientes”.

Ortega Díaz expresó su preocupación por lo que está pasando en Venezuela, que inició desde el pasado 31 de marzo del presente año con las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde anulaban las facultades del Poder Legislativo.

 

Recordó que a partir del momento en el que ella denunció esto comenzaron los ataques contra el Ministerio Público (MP) “sobre todo por parte de voceros del oficialismo, el Poder Ejecutivo, que han incidido en nuestra labor, se nos impide entrar a los centros de detención preventivos para constatar el estado en el que se encuentran los privados de libertad, es una atribución que constitucional y legalmente se le otorga al MP”.

Señaló que también han “iniciado agresiones contra nuestros funcionarios, cuando salen a las calles les gritan e incluso han sido víctimas de atracos por parte de personas afectas al gobierno”.

 

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