Una visita para inspeccionar centros de acogida de migrantes en Panamá y audiencias por demandas contra 7 países latinoamericanos marcan la agenda de un periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Una delegación de la CorteIDH conformada por su presidente, Ricardo Pérez Manrique; el vicepresidente Humberto Sierra Porto, y la jueza Nancy Hernández, visitará este jueves y viernes los centros donde Panamá brinda asistencia a los migrantes que buscan cruzar el continente con destino a Estados Unidos.

Los jueces verificarán el cumplimiento de medidas de protección otorgadas en favor de los migrantes, entre las cuales están reducir el hacinamiento en las estaciones de recepción migratoria; proveer alimentos, agua e implementos sanitarios para evitar el contagio de la covid-19; garantizar el derecho a la salud; proteger los derechos de la niñez, prevenir la violencia contra las mujeres, y garantizar el principio de no devolución.

En este periodo de sesiones, que se extenderá hasta el 8 de abril, la CorteIDH llevará a cabo audiencias por demandas presentadas contra Ecuador, Brasil, Costa Rica, Argentina, Honduras, Guatemala y Bolivia.

En el caso de Ecuador, la CorteIDH verá dos demandas. La primera se refiere a supuestas detenciones arbitrarias contra el militar retirado Gonzalo Cortez, y la segunda tiene que ver con la supuesta destitución irregular de Víctor Henry Mina Cuero como miembro de la Policía Nacional.

El caso contra Brasil trata de la supuesta situación de impunidad en la que se encuentra la muerte de Gabriel Sales Pimenta, abogado del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Marabá, quien aparentemente fue asesinado por situaciones relacionadas a su labor en 1982.

La presunta falta de protección de las tierras ancestrales de las Comunidades Garífuna de San Juan y Tornabé, en Honduras, así como las presuntas amenazas contra varios de sus líderes, es otro de los casos que la CorteIDH analizará en su periodo de sesiones.

Otro caso se refiere a las alegadas violaciones a los derechos humanos contra Raghda Habbal y sus cuatro hijos menores de edad en Argentina, donde le habrían privado arbitrariamente de la nacionalidad argentina a la mujer, y de la residencia permanente a tres de sus hijos, todos de nacionalidad siria.

La demanda que la CorteIDH verá contra Costa Rica tiene que ver con la no selección de un hombre de apellido Guevara Díaz como trabajador permanente de limpieza en el Ministerio de Hacienda, supuestamente debido a problemas emocionales.

Otro caso que verá la CorteIDH se refiere a un aparente impedimento para que el notario Steven Edward Hedrix ejerciera su profesión en Guatemala.

La demanda que la Corte Interamericana verá contra Bolivia señala al Estado como responsable de la violación de su deber de garantizar, sin discriminación por motivos de género y edad, el derecho de acceso a la justicia de Brisa Liliana De Angulo Losada, adolescente de 16 años en la época de los hechos, quien fue víctima de delitos sexuales por parte de un primo de 26 años.

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