Hace tres meses comenzó la recolección de firmas para solicitar una Asamblea Constituyente. Foto: Movimiento Constituyente Va.

Representantes de la ciudadanía y del Colegio Nacional de Abogados demandan la creación de un nuevo texto constitucional que garantice el Estado de derecho

Una de las promesas del presidente Juan Carlos Varela incluidas en su plan de Gobierno es abogar por una nueva Constitución que fortalezca la separación de poderes y el proceso de descentralización. No es la primera vez que un dirigente político plantea la posibilidad de crear un nuevo texto constitucional, el actual tiene más de cuarenta años y es uno de los más longevos de América Latina. Sin embargo, solo han bastado unas cuantas reformas a lo largo de los años que han postergado el desarrollo de un proceso Constituyente acorde con un Estado moderno.

Ante la pregunta de una periodista dirigida a Varela sobre cuándo se llevaría a cabo una Constituyente, el Presidente evitó responder y dijo: “La próxima vez viajamos juntos, creo que es un error que los periodistas vayan en un helicóptero y el Presidente en otro. En la siguiente gira vamos juntos en un helicóptero y ahí ustedes hacen todas las preguntas mientras llegamos al lugar…” Su respuesta causó molestias entre algunos diputados de la Asamblea Nacional y en representantes de la sociedad civil que la calificaron como una “burla”.

La Asociación Panameña de Derecho Constitucional y El Colegio Nacional de Abogados, a través de la Comisión Pro Constituyente, emitieron un comunicado en el cual acusaron a Varela de seguir postergando el llamado a una Constituyente, a pesar de haber dado su palabra durante su campaña presidencial. “(el Presidente) se manifiesta ante el país con declaraciones banales, sin sustento jurídico ni moral que reafirman su intención de no cumplir a la ciudadanía panameña la promesa de darnos una nueva Constitución…” El documento también cita declaraciones anteriores de Varela en las que asegura que el “proceso constitucional tiene que darse cuando el sistema de la justicia esté un poco más avanzado”.

Miguel Antonio Bernal, abogado constitucionalista y director de la Comisión Pro Constituyente del Colegio Nacional de Abogados, explica que la Constitución actual se creó en 1972 en plena dictadura militar de Omar Torrijos (1969-1981) y, en su opinión, ya no aguanta más reformas. “La Constitución de 1972 fue impuesta por Torrijos y redactada por un grupo de abogados afectos al régimen, mediante una Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos. Es un texto presidencialista, militarista, que ya no está a tono con lo que nos toca vivir hoy ni tampoco con las necesidades institucionales del Estado panameño”, señaló Bernal.

En cuanto a las reformas, el abogado explica que la Constitución ha sufrido modificaciones en cuatro oportunidades: 1978, 1983, 1994 y 2004.

Vías para solicitar una Constituyente

Según el artículo 314 de la Carta Magna, podrá adoptarse una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente Paralela. Sin embargo, Bernal afirma que la Asamblea original no contempla una Asamblea Constituyente Paralela, lo que quiere decir que no es posible aplicar esta vía. “Eso es una invención, es confuso y además va en contra de los ciudadanos porque no permite que ejerzan sus derechos”, afirmó.

El artículo describe tres vías más para la solicitud de un nuevo texto constitucional: a través del Órgano Ejecutivo que debe ser ratificado por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, por medio del Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros y por iniciativa ciudadana, recolectando al menos el 20 % de las firmas de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud, según reza el numeral 314.

El movimiento Constituyente Va se ha dado a la tarea de aplicar la vía de la iniciativa ciudadana para convocar la creación de una nueva Carta Magna. Su presidente Cristóbal Silva explica que hace tres meses comenzaron a recoger firmas para alcanzar un total de 517 mil 502 rúbricas. “Tenemos hasta el 17 de febrero de 2017 para hacerlo y luego hay que entregarlas al Tribunal Electoral para su revisión. Si se cumplen los requisitos exigidos por el Tribunal, este debe hacer la convocatoria a la elección de los Constituyentes (designados para redactar el texto constitucional). Son 60 los constituyentes y deben representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral”, explicó Silva, quien es ingeniero y está al frente del Movimiento desde hace un año. No reveló el número de firmas que han recogido hasta ahora, pero prometió convocar una rueda de prensa para hacerlo.

Una vez realizada la elección de los Constituyentes, continúa Silva, la Asamblea Constituyente iniciaría sus deliberaciones para reformar total o parcialmente la Constitución en un periodo no menor de seis meses ni mayor a nueve meses. El nuevo texto se entregaría al Tribunal Electoral para ser sometido a un referéndum popular convocado por el organismo.

“Queremos que la Constitución busque el bien común, que promocione un buen Gobierno, que establezca reglas y políticas de Estado a largo plazo. El Presidente actual se ha dedicado a perseguir a sus adversarios políticos por eso tenemos una recesión económica en el país, servicios deficientes, inseguridad y desempleo. No podemos continuar así”, sostuvo Silva. En su opinión, si el proceso de recolección de firmas se cumple, Panamá tendría una nueva Constitución para el año 2018.

Mientras tanto, son muchas las organizaciones que se han unido para difundir la importancia de exigir un nuevo texto legal y ejercer presión a los gobernantes, entre ellas la Asociación de Profesores de la República y la Federación de Profesionales de Panamá.

Aunque Bernal cree que es una “quimera” recolectar tantas firmas, sí considera que coloca el tema sobre la palestra pública. “La única salida es promover la Constituyente, que los panameños conozcan de qué va el proceso y cuáles son sus derechos, la recolección de firmas es un medio para ejercer presión desde la ciudadanía, es una carrera de fondo. Los derechos se ganan y se conquistan”, concluyó el experto.

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