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La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, hará un debate a las afueras de Caracas, frente a la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentra recluido el opositor Leopoldo López, informó hoy el presidente de la Cámara, Julio Borges.

El diputado opositor sostuvo este martes una reunión privada con familiares de los llamados «presos políticos» para conocer su situación y «tomar acciones concretas para lograr la libertad de todos», entre las que adelantó la aprobación en Cámara de leyes y acuerdos «que permitan garantizar sus derechos humanos»

«La AN (…) establece un plan de trabajo, de prioridad y de acciones concretas para poder seguir presionando por la libertad de nuestros hermanos que están presos por razones políticas en un país que debería ser de libertad», afirmó Borges citado en una nota de prensa.

Los diputados, familiares de los «presos políticos» y organizaciones no gubernamentales que participaron en este encuentro acordaron designar una representación de familiares y abogados «que participen en todas las negociaciones que toquen el tema de los presos políticos».

También decidieron unificar sus esfuerzos, instar al Poder Judicial «a cumplir con las normas de trato a los reclusos» y hacer sesiones formales de la plenaria en centros de reclusión, «iniciando este 11 de abril en las adyacencias del Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, por las penas injustas».

El Legislativo realizó una sesión especial el domingo para rendir homenaje al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, que cumplió ese día dos años privado de libertad, la mayoría de ese tiempo en su residencia ubicada en el este de la capital, cerca de donde debatió la Cámara.

El Parlamento también debatió frente a una cárcel en el estado Guárico (centro) para pedir la liberación del diputado opositor Gilber Caro, detenido hace más de un mes y señalado desde el chavismo por presuntamente planear acciones «terroristas».

López, por su parte, lleva tres años preso en Ramo Verde tras ser declarado culpable de delitos asociados a la violencia desatada tras una marcha antigubernamental en febrero de 2014 que se saldó con tres muertes y varios heridos.