Las víctimas del envenenamiento masivo ocurrido hace una década en Panamá por un jarabe contaminado aplaudieron este lunes la decisión de la Corte Suprema de condenar a la entonces cúpula del Seguro Social, absuelta en primera instancia, pero consideraron «insuficiente» la pena de 18 meses de cárcel.
«Es un avance importante dado el grado de responsabilidad y las consecuencias que tuvieron sus actos, pero nosotros pedíamos una condena para todos los imputados de 15 años de cárcel», explicó a Acan-Efe el presidente del Comité de Familiares de las Víctimas y Sobrevivientes por el Derecho a la Salud y a la Vida, Gabriel Pascual.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá, en un auto elaborado el pasado 11 de abril y difundido este lunes, revocó la absolución de 5 implicados en el caso, entre ellos el exdirector de la Caja del Seguro Social René Luciani, y decretó su «inmediata detención».
Con la nueva resolución, tanto Luciani como los exfuncionarios Linda Thomas, Ignacio Torres y Pablo Solís, que quedaron absueltos en la primera sentencia, tendrán que cumplir 18 meses de cárcel y de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
El máximo tribunal elevó de 5 a 15 años de cárcel la pena impuesta al empresario Ángel de la Cruz Soto, y elevó las condenas de los cuatro funcionarios de rango medio que sí fueron encontrados culpables en primera instancia.
«Han sido mas de 10 años de lucha. La sentencia del año pasado violaba las normas internacionales en derechos humanos y el sentir de la gran mayoría de la sociedad panameña», indicó Pascual.
El caso, que dio la vuelta al mundo y generó un gran revuelo en Panamá, se remonta al 2003, cuando la estatal Caja del Seguro Social (CSS) distribuyó un jarabe elaborado con dietilenglicol, una sustancia altamente venenosa que se utiliza como refrigerante industrial, que causó al menos 170 muertes y millares de afectaciones, según las cifras oficiales.
En 2003, la CSS compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina pura a la empresa panameña Medicom, que a su vez adquirió la mercancía a la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., que la trajo desde China.
Con esa supuesta glicerina pura, la CSS elaboró un jarabe para la gripe, que resultó no ser apto para el consumo humano porque contenía dietilenglicol, una sustancia altamente venenosa que se utiliza principalmente como refrigerante industrial.
Las autoridades sanitarias distribuyeron por el país más de 200.000 frascos del «jarabe de la muerte», pero no fue hasta el año 2006 cuando se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.
Hasta el momento, las autoridades han reconocido 170 muertes y mhás de 1.300 afectados, aunque se cree que la cifra podría ser ocho veces mayor.
