La lucha contra la corrupción en los países de Latinoamérica se ha estancado en los últimos tres años, según un informe de Transparencia Internacional publicado el martes.
El informe de Trasparencia Internacional, una organización sin ánimo de lucro con sede en Berlín y enfocada en el combate contra la corrupción, informó que que el reporte evalúa a 180 naciones del mundo por los niveles percibidos de corrupción en el sector público.
«Lo que nosotros observamos es que los gobiernos populistas utilizan medidas que tienen que ver con la concentración de poder institucionalmente que afectan la calidad institucional de los países o medidas que tratan de cooptar al poder judicial, de avanzar sobre la justicia generando ataques a la independencia de los jueces y esto a su vez repercute en la impunidad en materia de corrupción», dijo en entrevista con la Voz de América la directora de la Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubiol.
Haití, Nicaragua y Venezuela fueron los países de Latinoamérica que peor puntuación obtuvieron.
Transparencia Internacional admite que «le deterioro de las calidades institucionales y el aumento de la corrupción obviamente afectan la capacidad de los países de dar respuesta a las necesidades de la población».
«El dinero que se pierde en corrupción y que va a bolsillos particulares, es el dinero que falta en educación, en salud, en infraestructura, en condiciones sanitarias adecuados y esto afecta claramente a la población», dijo Ferreira Rubiol.
En un comunicado de prensa, Ferreira Rubiol afirmó que “los países de América están totalmente estancados en la lucha contra la corrupción. Los líderes corruptos apuntan contra activistas y consolidan su poder, al tiempo que se atacan los derechos de la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación”.
«Insistimos en la necesidad de fortalecer los controles democráticos y el respeto a las libertades democráticas (….) como condiciones esenciales para una lucha eficiente contra la corrupción», enfatizó Ferreira Rubiol durante el diálogo con VOA.
El informe alza las alarmas sobre el “autoritarismo” en Nicaragua y El Salvador y la represión contra la prensa y la oposición política en Venezuela, asegurando que los derechos civiles y políticos son “fundamentales para que haya democracias sin corrupción”.
“Se necesitan acciones contundentes para revertir esta tendencia, proteger a la sociedad civil y defender los derechos humanos y la democracia”, agregó la presidenta de la organización.
Los países más corruptos de Latinoamérica
Venezuela, Nicaragua y Haití obtuvieron la puntuación más baja del continente en cuanto al índice de percepción de la corrupción, calculado según la opinión de expertos sobre la corrupción en el sector público.
Venezuela, sumido en una crisis humanitaria y política en los últimos años, es el país con peor puntuación en la región (14 sobre 100) y está entre las naciones con mayor corrupción percibida en el sector público del mundo, solo superada por Somalia, Siria y Sudán del Sur.
La corrupción en el país suramericano “ha causado graves violaciones a los derechos sociales”, aseguró el informe, que señala al sistema judicial venezolano como un “instrumento de represión contra la disidencia y las voces críticas”.
“En los últimos años han aumentado los presos políticos, las detenciones arbitrarias y las restricciones a las libertades fundamentales”, señaló el informe.
Organismos internacionales han señalado la falta de independencia del poder judicial en Venezuela. La misión independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU calificó en septiembre del año pasado al poder judicial de “carente de independencia” y afirmó que la justiciar en Venezuela ha servido para sancionar la violación de los derechos humanos y la represión estatal.
Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega inauguró la semana pasada su cuarto mandato consecutivo en unas elecciones cuestionadas por la comunidad internacional, se colocó entre los 20 países de más corrupción percibida del mundo.
Transparencia Internacional calificó al gobierno de Ortega como “la tercera dictadura de la región”, asegurando que “no cuenta con la transparencia y el contrapeso al poder ejecutivo necesarios para combatir la corrupción”.
Los comicios que llevaron a la prolongación del presidente sandinista y su esposa, Rosario Murillo, en el poder fueron rechazados por varios gobiernos en América y Europa. El informe señala las elecciones como “ilegítimas” y las “violaciones sistemáticas a los derechos humanos y una absoluta concentración de poder en la figura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
Centroamérica en su «punto más bajo»
El informe también señala un retroceso significativo en Guatemala y El Salvador en la lucha contra la corrupción y la democracia, colocando a Centroamérica en su “punto más bajo” en la última década.
El caso más grave es el de El Salvador, que según Transparencia Internacional “podría consolidarse como dictadura” si se continúa “socavando la democracia, persiguiendo voces críticas y restringiendo los derechos”.
El gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido señalado por parte de la comunidad internacional y organizaciones en defensa de los derechos humanos y civiles por minar la independencia judicial y atacar y espiar a la prensa independiente, activistas y opositores politicos. El informe de Transparencia Internacional señala a su vez que El Salvador “muestra un derecho al acceso a la información cada vez más restringido y altos niveles de opacidad en el uso de fondos públicos”.
«Particulamente en El Salvador, en el último tiempo hemos notado este tipo de deterioro en las instituciones democráticos, tanto en los ataques a la justicia, como intentos de reducir el margen de acción de las organizaciones de la sociedad civil a través de la aprobación en el Congreso de medidas como ha habido en otros gobiernos autoritarios», explicó a la VOA Ferreira Rubiol.
La organización pone a Bukele como un ejemplo de un líder “populista” de la región que usó la lucha contra la corrupción como “bandera de campaña para atraer a un electorado decepcionado con la política tradicional” y luego romper sus promesas al no presentar avances en ese frente pero sí “medidas antidemocráticas, violatoria de derechos y regresivas».
Sobre Brasil, explicó Ferreira Rubiol que se reportaron «ataques a la independencia del poder judicial, del ministerio público y de algunas restricciones que se impusieron al comienzo del gobierno actual» de Jair Bolsonaro. «En general lo que vemos es un deterioro de la calidad de las instituciones democráticas, los controles y contrapesos y el respecto a las libertades básicas de acción».
Sobre Guatemala, Transparencia Internacional señala que el país ha bajado ocho puntos en la última década en su índice, asegurando que “los éxitos en la lucha contra la corrupción e impunidad que logró la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) se desvanecieron”.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ha sido señalada por haber obstruido investigaciones sobre actos de corrupción de alto impacto e incluso fue sancionada por el gobierno estadounidense en septiembre del año pasado. Lo mismo sucedió con 10 magistrados de la Corte Suprema acusados de amañar la elección de las cortes.
“El Estado, particularmente el sistema de justicia, ha sido cooptado por elites económicas y políticas, ciertos sectores del empresariado y el crimen organizado”, sentenció la organización.
