La noticia hizo eco mundial y varios países, entre ellos Panamá, mostraron su postura ante lo que definieron como “medida arbitraria”
«Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional (AN), esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho».
Con esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) amaneció Venezuela el 30 de marzo. La AN, controlada por la oposición, alzó la voz. «Es un golpe de Estado, y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras: en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado», dijo en una rueda de prensa Julio Borges, presidente de la AN.
Las declaraciones de Borges se hicieron eco en el mundo y provocaron los pronunciamientos oficiales. “La decisión del Tribunal Supremo venezolano es una arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático”, dijo el gobierno peruano.
Pronunciamiento mundial
Argentina: El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se reunió con Lilian Tintori, esposa del encarcelado opositor Leopoldo López, y manifestó su «preocupación» por la disolución de la Asamblea Nacional de Venezuela, por lo que llamó a «recomponer el orden democrático».
Brasil: A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Brasil también abogó por el diálogo y el respeto a las instituciones. «El Gobierno brasileño repudia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela que retiró de la Asamblea Nacional sus prerrogativas, en una clara ruptura del orden constitucional”.
Colombia: El gobierno de Colombia, a través de su canciller, María Ángela Holguín, expresó “profunda preocupación” por la decisión del TSJ en Venezuela. Holguín destacó “la importancia del respeto por la separación de poderes».
Estados Unidos: El Gobierno de EE.UU. condenó la decisión de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de «usurpar los poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner. «Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela», agregó.
México: Luis Videgaray, canciller mexicano, aseguró que su Gobierno se muestra preocupado porque considera un «deterioro del orden democrático» en Venezuela que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera las competencias del Parlamento. «A México le preocupa de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano como Venezuela», dijo Videgaray.
Perú: “La decisión del Tribunal Supremo venezolano es una arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela”, reza un comunicado de prensa del Ministerio de las Relaciones Exteriores.
Panamá: El gobierno panameño hizo un pronunciamiento oficial a través de la página web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. “El Gobierno de la República de Panamá manifiesta su profunda preocupación ante la medida adoptada por la Tribunal Supremo de Justicia. Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas”.
Parlatino: Elías Castillo, secretario general del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), dijo que «no hay democracia sin Parlamento», al ser cuestionado por la situación venezolana. «Yo he expresado siempre en mi trayectoria parlamentaria y de presidente del Parlatino, cuando lo fui (2010-2014), que no hay democracia sin Parlamento», dijo el diputado panameño.
OEA: «Las sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional, son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia», dijo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos.
¿Por qué tomó esta decisión el TSJ?
La ordenanza surgió en respuesta a un recurso de interpretación en el que cuatro abogadas pidieron al Supremo analizar el alcance de un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Estos apartados establecen que la constitución de empresas mixtas «requerirá la aprobación previa» de la AN, «a cuyo efecto el Ejecutivo (…) deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República».
La Ley de Hidrocarburos indica que en esta materia el Parlamento podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes, y que cualquier cambio posterior también deberá ser sometido a la evaluación de la Cámara.
El Supremo resolvió que «no existe impedimento alguno» para que el Ejecutivo constituya empresas mixtas, e indicó que éste deberá informar a la Sala Constitucional «de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones».
