Venezuela: Al menos una violación a la libertad de expresión al día en 2016

Tras evaluar el año 2016, la Organización Espacio Público, presentó un informe en el que se registró una violación a la libertad de expresión por día, destacan que las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminaliza la búsqueda y difusión de información en Venezuela, motivada por un discurso oficial hostil hacia la prensa, se agravaron durante ese año paralelo a un escalamiento de la crisis política y económica que alcanzó niveles inéditos en la historia contemporánea del país.

Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela
Informe enero-diciembre 2016

Las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminaliza la búsqueda y difusión de información en Venezuela, motivada por un discurso oficial hostil hacia la prensa, se agravaron en 2016, paralelo a un escalamiento de la crisis política y económica que alcanzó niveles inéditos en la historia contemporánea del país.

Entre enero y diciembre de 2016 se registraron 366 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un incremento del 28% respecto al mismo periodo del año 2015, cuando se contaron 286. El total de casos/situaciones fue de 266, un 12% mayor que el periodo enero-diciembre del año pasado.

La agudización de la tensión política, con la suspensión de elecciones en octubre compromete aun más la garantía del derecho a la libre expresión. Cuando la polarización exacerba los límites institucionales, alimenta una mayor incidencia de escenarios violentos y deja en estado de indefensión a los ciudadanos. De allí que octubre se ubique como el mes con mayor cantidad de casos registrados, con un total de 43.

El 44% (119) de las violaciones a la libre expresión se registró en el contexto de manifestaciones públicas, entre ellas las de carácter político en el marco de la exigencia del referendo revocatorio. Esto representa un total de 88 casos/situaciones que indican un aumento del 252% en relación al contexto de protesta del año anterior (25).

Violencia física: Intimidación, agresión y ataque

Se manifiesta en el impedimento de cobertura, robo o confiscación de equipos, expulsión de espacios o instituciones públicas (intimidación); en agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos por registrar hechos o difundir información; y en ataques contra medios de comunicación en represalia por su línea editorial. Estas situaciones suman un total 187 violaciones a la libertad de expresión, lo que la ubica como la modalidad de violencia más frecuente.

La violencia discursiva (amenaza y hostigamiento verbal) contempló insultos, descalificaciones contra la prensa que la ubican como adversario político; amenazas a la integridad, propiedad y familiares de periodistas e infociudadanos por la difusión o cobertura de hechos sensibles para la opinión pública. 67 violaciones fueron contabilizadas en este contexto.

Escasez de garantías

El silencio estatal sobre los índices de escasez e inflación violenta el derecho a la información de los ciudadanos, lo que aumenta las garantías vulneradas ante el deterioro progresivo de otros derechos fundamentales, como la alimentación y la salud. Fuentes vinculadas al Banco Central de Venezuela (BCV) señalaron que para el primer semestre del año, la inflación se ubicó en 176,2%, tras seis meses de vigencia del Decreto de Emergencia Económica, mientras que el FMI estimó el cierre de 2016 en 720%. Las filas de usuarios a las afueras de los locales comerciales persistieron. La poca oferta eleva constantemente los precios y deteriora el poder adquisitivo.

Veintisiete (27) casos de violaciones a la libertad de expresión durante la cobertura de filas a las afueras de los comercios o en protestas por comida se registraron en 2016, lo que supera en 35% el total del año anterior (20). Se impide el registro mediante desalojos forzados, confiscación e incluso robo de equipos, por cuerpos de seguridad, grupos violentos y en menor medida por particulares.

Más de la mitad de las víctimas son periodistas. En el 16% de las ocasiones, reporteros gráficos fueron el blanco de agresiones, amenazas o intimidación.

Deportaciones y trabas para la prensa extranjera

En un contexto de alta convulsión política, la prensa extrajera también ha sufrido las consecuencias de la censura para evitar su cobertura. El Gobierno a través de diversas instancias públicas impidió el trabajo de 17 comunicadores en dos meses.

En agosto, la oposición convocó a una movilización masiva que se llamó La Toma de Caracas. La actividad generó una gran expectativa. En esa oportunidad 10 periodistas de medios internacionales resultaron afectados. El 28/08/2016 Kate Guerrero, de CNN en Español, debió abandonar el país porque autoridades aduanales retuvieron sus equipos y le pusieron como condición para ser devueltos que volviera al país de origen; el 29/08/2016 fueron cinco periodistas deportados, pertenecían al equipo de Al Jazeera; luego el 31/08/2016 John Otis (NPR), César Moreno (Radio Caracol) y María Eve (Le Monde) fueron deportados; Jim Wyss, del diario Miami Herald, fue expulsado del país.

Las deportaciones y expulsiones son ejecutadas por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y continuaron en el contexto de otra movilización masiva: La Toma de Venezuela. En esta oportunidad, impidieron la entrada a los periodistas Ricardo Burgos, Leonidas Chávez y Armando Muñoz, de la cadena mexicana Televisa y al fotógrafo Rodrigo Abad, de la agencia AP, lo retuvieron el 26 de octubre y luego le permitieron la entrada al país.

Existe una política de acreditaciones que se aplica de forma discriminatoria al ser negadas respuestas oportunas o solicitar requisitos extraordinarios. La existencia de una legislación no otorga legitimidad a estas restricciones indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país, sobre todo cuando la regulación es interpretada parcialmente, alterada o incluso, omitida. Es una tergiversación burocrática del sistema de acreditación, ya que el Estado retarda o niega sin motivo -dentro de su propia lógica legal- un requisito que él mismo exige.

En este sentido, la prohibición de entrada al país no tiene fundamento auténtico, porque el Estado no cumple con sus propias disposiciones. La omisión deliberada de procesos administrativos revela el uso discrecional de las instituciones y recursos públicos con fines político-partidistas a fin de negar el acceso a la información como mecanismo de censura.

Para detallar el informe completo puede visitar la pagina de EspacioPublico.