El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha oficializado su propuesta de otorgar la residencia temporal a los ciudadanos de Venezuela que se encuentren en el territorio nacional.
Esta decisión fue tomada a partir de una solicitud de la ONG Unión Venezolana en Perú (representada por el asilado político y ex diputado venezolano Óscar Pérez Torres), con la que buscaban que el Gobierno peruano les otorgue facilidades migratorias a sus connacionales, destaca El Comercio.
En un documento al que accedió El Comercio, de fecha 13 de octubre, la cancillería informó a Pérez Torres que había “propuesto oficialmente al Ministerio del Interior (Mininter) que contemple proceder con la emisión de un dispositivo legal”, que permita regularizar la estadía en territorio peruano de los ciudadanos venezolanos que llegan por distintas vías.
Asimismo, en la misiva –firmada por el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de la cancillería, embajador Julio Florián– se precisó que, para hacer efectiva esta medida, se debían aplicar “unilateralmente” los procedimientos contenidos en el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur, dispositivo del cual Venezuela no forma parte.
Decreto supremo
El acuerdo en mención fue firmado en el 2002 por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En el 2011, el Perú se adhirió al mismo. Según lo establecido en ese convenio, la residencia temporal debería brindarse a los ciudadanos de los países parte que se encuentren en el territorio peruano, pero también a quienes acudan al Consulado del Perú en aquellos países y la soliciten.
Según fuentes de la cancillería, dado que Venezuela no es parte de dicho acuerdo, la propuesta es tomar como base las regulaciones del mismo y, a través de un decreto supremo, otorgar unilateralmente solo los beneficios relacionados a la residencia en favor de los ciudadanos venezolanos que ya se encuentren en el Perú.
Según las mismas fuentes, se ha iniciado una “coordinación de alto nivel” con el Ministerio del Interior (Mininter) para la emisión del decreto supremo que respalde la medida. Se ha contemplado que la residencia tenga dos años de vigencia, aunque esta podría ser ampliada de forma permanente cuando caduque.
Asimismo, las mismas fuentes precisaron que “no se trata de una amnistía ni de una puerta abierta”, ya que el sector Interior tendrá que establecer los requisitos para que los venezolanos puedan aplicar a este beneficio (por ejemplo: antecedentes penales en su país de origen, pasaporte vigente, etc). No obstante, aún no hay una fecha exacta para la promulgación del decreto supremo. Este Diario solicitó información al Mininter acerca de la elaboración de esta normativa, pero no obtuvo respuesta.
