El presidente panameño, Juan Carlos Varela, publicó este viernes una parte de la lista con los donantes de la campaña de 2014, algo que no impidió que la oposición y el sector privado pidieran una investigación completa e imparcial sobre la supuesta relación entre el mandatario y la constructora Odebrecht.
Se trata de un gesto inédito en Panamá porque la ley no lo contempla y porque es la primera vez que un presidente en activo revela los nombres de las personas y las sociedades que le donaron dinero durante un proceso electoral.
«Es una muestra más del compromiso del mandatario Varela con la transparencia y la rendición de cuentas», indicó la Secretaria de Comunicación del Estado en un comunicado.
La lista con las contribuciones privadas, autentificada por el Tribunal Electoral, fue publicada en la web del gobernante Partido Panameñista (PPa).
Se trata de un listado parcial, aclaró Varela prometiendo que el resto se publicará el próximo lunes, que señala que recibió poco más de 9,73 millones de dólares durante la campaña de 2014 y terminó gastándose algo más de 10,13 millones, lo que provocó un déficit de 400.306 dólares.
La lista fue publicada después de que el exministro consejero de Varela, Ramón Fonseca Mora, le acusara el jueves de haber recibido «donaciones» de Odebrecht, envuelta en un escándalo internacional por haber pagado sobornos millonarios en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Panamá.
«En esa lista no existen donaciones de la empresa Odebrecht», aseguró el mandatario en una rueda de prensa convocada de urgencia el jueves tras las revelaciones de su antiguo ministro.
Precisamente, Fonseca Mora, más conocido fuera del país por ser uno de los socios del bufete epicentro del escándalo de los denominados papeles de Panamá (Mossack Fonseca), es uno de los donantes de Varela.
En la lista también se encuentran el otro socio principal del despacho, Jürgen Mossack, y familiares de ambos abogados. Entre todas, donaron al menos 50.000 dólares, que fueron distribuidos en varios pagos de entre 1.000, 5.000 y 10.000 dólares.
También fueron notables las contribuciones de miembros del Partido Panameñista y del Gobierno, como los ministros de la Presidencia y de Vivienda, Álvaro Alemán y Mario Echelecu, respectivamente, así como los donativos de bancos, telefónicas, farmacias, grupos ginecológicos e inmobiliarias, entre otras empresas.
Sin embargo, los dos principales gremios empresariales del país pidieron a la Fiscalía abrir una investigación ante las «graves» acusaciones de Fonseca Mora, quien actualmente se encuentra en detención preventiva junto a su socio Mossack por haber ayudado presuntamente a blanquear dinero en la trama brasileña de Lava Jato.
Fonseca Mora, además de hablar de las donaciones, denunció supuesta injerencia del Ejecutivo en el poder Judicial así como sobrecostes en un proyecto de Odebrecht en la capital.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) dijo que es necesario que «impere la gobernabilidad, la sensatez y el Estado de Derecho», pero que eso no puede implicar «impunidad».
La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), por su parte, llamó a «mantener la cordura» y a «actuar con mesura» para evitar una «profundización de cualquier crisis», pero instó a los diputados a acelerar la aprobación de unas reformas electorales pendientes de discusión en el Parlamento.
También reaccionó el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuyo secretario general, Pedro Miguel González, anunció en que su bancada propondrá la creación de un comisión parlamentaria que investigue los supuestos sobrecostes en proyectos de infraestructura ejecutados por Odebrecht desde que la constructora llegó al país hasta la actualidad.
Los que sí salieron a las calles fueron grupos de afiliados del poderoso sindicato de la construcción, Suntracs, que en la capital y varias ciudades del país repudiaron la corrupción y pidieron una constituyente originaria.
Pero el secretario del PRD acusó al Suntracs de esta financiados por Odebrecht, a lo que el líder sindical, Saúl Méndez, le respondió que fue su formación política «corrupta» la que trajo a la constructora brasileña a Panamá.
