Rubén Blades dice que Panamá debe aceptar las consecuencias de la honestidad

OTRA TORMENTA PERFECTA

Resulta hipócrita la queja por la corrupción en Panamá si obviamos asignarle algún crédito por los resultados económicos que ha producido. El soborno, el acceso a comisiones, y los pagos por intermediar en transacciones comerciales son los motores que impulsan la participación de muchos representantes de los sectores público y privado.

Si a los actuales diputados se les eliminaran los innecesarios privilegios que se adscriben al cargo, imagino que la mayoría buscaría otra forma de rebuscarse, incluso la para ellos horrorosa necesidad del trabajo honesto. El «lavado de dinero» ha sido, por lo menos así lo consideramos muchos, uno de los mayores responsables por el auge inmobiliario que sostuvo al sector de la construcción en Panamá y que mantuvo ocupado a un importante número de ese politizado sector laboral.

Esa bonanza, ocurrida en los momentos en que se venía abajo la economía en Estados Unidos precisamente a consecuencia de una crisis inmobiliaria, no fue ni remotamente analizada, al menos públicamente, por los medios de comunicación nacionales. No investigaron el por que en Panamá se veían tantas grúas y tantos edificios siendo levantados cuando el sector de inmueble en Estados Unidos y en España colapsaban y la inversión en ese rubro era considerada internacionalmente como una total locura.

Un somero examen de las operaciones bancarias en los noventas y en la primera parte del 2000 indicaba que, en muchos casos, no se habían solicitado hipotecas para sostener las inversiones de edificios en Panamá, sugiriendo claramente que las transacciones inmobiliarias se apoyaban al contado.

Esa indiferencia continúa. Al país parece no interesarle el identificar la procedencia del dinero que nos beneficia, directa o indirectamente: solo el resultado de su aparición importa. De allí que el delito siempre posee más de un componente. No solo el que soborna, o le hurta al Estado es responsable. Tenemos que agregar la complicidad de terceros, incluyendo la ceguera, mudez y amnesia de los encargados de supervisar, de informar la verdad y a un sistema financiero construido para favorecer la posibilidad de la trampa.

También tiene responsabilidad la sociedad civil, esa que pide el omelette pero sin que le rompan los huevos, el tipo de gente que apoya al político que roba argumentando que al menos hace, que no protesta los fines de semana, o que por actuar deshonestamente solo martes y los miércoles se considera el superior moral de los sinvergüenzas que ejecutan el engaño a tiempo completo.

Por otro lado, examinemos este hecho: en un país que adora, tolera o participa de la corrupción, un funcionario honesto no tiene la menor oportunidad de ser efectivo. La realidad no se lo permitiría bajo esas condiciones. Para gobernar y para sobrevivir políticamente un presidente honrado tendría que adoptar la practica corrupta. Cuando se acusa al ex-presidente Martinelli de comprar diputados no parece importar el que, de no haberlo hecho, hubiesen sido comprados por sus rivales y como presidente hubiese tenido que enfrentar a una asamblea hostil y dispuesta a defender y satisfacer el interés de sus enemigos políticos. Desde ese punto de vista, en un país corrupto, la acción corrupta no existe. es parte de la normal manera de hacer negocio.

Lo que hoy debemos examinar es por que y como esos diputados o funcionarios públicos que actúan mal, fueron electos y son re-electos.
Eso es lo que pocos examinan pues, de hacerlo, tendrían que enfrentar a la vez su propia corrupción, que aunque sea manifestada en pequeñas dosis sigue constituyendo una perversión cívica.

Por eso encuentro hipócrita la rasgadura de mantos lamentando el vil estado actual de la política y las trilladas invocaciones en defensa del honor patrio y de las generaciones futuras. La oportunidad existió para efectivamente reformar a nuestro sistema administrativo, coyuntura sustentada por la sangre inocente de los asesinados por la invasión del ’89. Pero el grupo de llamados civilistas de entonces, capitaneado por el presidente Guillermo Endara, lo que hizo fue reproducir las estructuras oligarcas pre 1968 y con eso renovaron una nueva posibilidad para el clientelismo, la rebusca, la mediocridad y la trampa.

Hoy, en otro alarde de supuesta indignación cívica, «neo-civilistas» y enemigos del gobierno plantean nuevas interrogantes a través de los medios que controlan y preguntan si existió o no la participación del actual mandatario en el escándalo provocado por el apellido alemán mas famoso actualmente después del de Alzheimer.

Difícil es creer que durante los primeros 26 meses de la administración publica mas abiertamente deshonesta en la historia política no hubo corrupción. O que nuestro actual presidente, un vice-presidente entonces, no tuvo al menos noticias de los sobornos y trampas del Ejecutivo y sus secuaces. ¿Qué puede hacernos creer que Varela, en el centro de la corruptela ejecutiva, no participó, o por lo menos avaló con silencios la trampa, si con certeza sabemos, cortesía de investigaciones provenientes del extranjero, que efectivamente Odebrecht pago sobornos en Panamá?
Empieza nuevamente, una versión adulta del juego infantil de «la lleva», con políticos y empresarios correteándose mutuamente y tratando de transmitir por contacto su culpa a terceros.

El Ministerio Público, por otro lado, juega a «la lata» y atraviesa la oscuridad del Órgano Judicial en busca de los mas congos, esos que no saben esconderse bien.

Nadie ya habla del origen del millón que Virzi le entrego a Moncada Luna, ni como lo hizo; la captura de Westi Valdés ha desaparecido de los encabezados mediáticos, igual que Vernon Ramos; la discusión de las reformas electorales
otra vez se disipa en medio de esta nueva distracción. ¿Que sabía el presidente Varela y desde cuando lo sabía?

El bochinche «du jour», con una duración de aproximadamente 72 horas, se verá como siempre reemplazado por otra igualmente deprimente revelación de corrupción, que tampoco producirá consecuencias definitivas.

Y es que nada cambiara, si el país entero no decide aceptar las consecuencias de la honestidad. Eso no se producirá mientras la comodidad del «juega vivo», amparada por la venalidad de nuestros tres órganos administrativos, continúe rindiendo frutos y no se investigue todo lo dudoso, lo tramposo en todos los gobiernos, no solo en el pasado, o en el actual. Hasta que no tengamos la certeza de castigo para el culpable, nada cambiará.

Podrán filmar a cierto diputado hurtándole la leche al niño Jesús y eso no impedirá que continúe siendo electo, apoyado por una mayoría clientelista que ofrece su voto a cambio de «ayuda directa», o «cariño», eufemismos para el soborno.

La culpa no es del sector público exclusivamente: el sector privado, económico y social, tiene también las manos contaminadas por las treinta monedas de plata conque se pago la perdida de la credibilidad político-administrativa. El país hoy confirma que algo no esta claro con la posición del actual Ejecutivo. Su titubeo no lo ayuda y por el contrario, empantana mas aun la credibilidad nacional e internacional de la República y del gobierno.

La presente administración, por acción o por omisión voluntaria, ha decidido no investigar mas allá de ciertos límites. ¿Por qué rehúsa auditar a Odebrecht por todas las obras que ha celebrado en Panamá, incluyendo la de la Cintas Costeras 1; 2 y 3; la del actual Metro y la de sus tramos adicionales?
¿Estuvo envuelto en el peculado, o cree que de examinarse la verdad, exponiéndola en su total fealdad, se nos viene el país abajo? Su respuesta, a mi parecer, ha sido débil.

Publicar, y a destiempo, la lista de contribuyentes a su pasada campana electoral no lo exonera, ni aclara las incógnitas. Además, el dinero pudo entregarse al contado y sin documentación por ser ilegal, (consulten a Virzi, o al PRD, expertos en chanchullos).

En esta continua crisis, provocada por los mal llamados «Panama Papers», faltan mas zapatos por caer, y cada uno empujara mas a nuestra nación hacia un total colapso de imagen internacional y a la total perdida de la confianza nacional.

Dentro de un plazo perentorio, cuando se agoten los recursos legales que justifican su estadía en Florida, Ricardo Martinelli se verá en la necesidad de abandonar los Estados Unidos, con rumbo desconocido.

Nidal Waked, extraditado a los Estados Unidos, debe estar desde hace tiempo cooperando con las autoridades norteamericanas que verifican investigaciones de hace años, (¿Murcia?) y aclarando lagunas a los que le siguen la pista a «lavadores» de dinero y a las actividades comerciales de los narco-traficantes.

Cuando termine de hablar es probable que los efectos repercutan, desde la Zona Libre de Colón hasta Colombia. La investigación de los sobornos de Odebrecht no se limitara al absurdo numero de cincuenta y nueve millones pagados en Panamá; se extenderá a otras áreas como el Metro y a todas las licitaciones que ganaron, lo que incluirá su asociación con distintos gobiernos de Panamá.

El número de personas expuestas por su participación en la trampa, del sector privado y del sector publico, no tendrá paralelo en la historia nacional. ¿Qué debemos hacer cuando llegue, (y va a llegar), esa «tormenta perfecta»?

Por lo pronto, no es descabellado el considerar la posibilidad de que la actual vice-presidenta de la Republica de Panamá termine reemplazando al actual mandatario, Juan Carlos Varela, dependiendo de como sople el viento.

La reciente experiencia en el Norte ha demostrado al mundo que, en política, absolutamente todo es posible.

Rubén Blades
11 de Febrero, 2017