Venezuela en cifras 2023 es un informe anual realizado por la ONG Un Mundo Sin Mordaza, en el que año tras año recaudan información sobre el las violaciones e impacto de los derechos humanos en el país.
Este año, el instrumento ha tenido una innovación en el enfoque de la división de situaciones temáticas a diferencia de los informes pasados que trataban de Derechos Humanos de forma aislada, haciendo un poco más entendible para el consumidor del contenido. Se abordaron 14 derechos que corresponden a 10 áreas temáticas, los cuales describen la situación general de Venezuela en el 2023.
En primer lugar, se destaca la violación del derecho a la libertad de expresión y de Opinión, crucial en un Estado democrático que permite la formación de opiniones individuales y el debate público, fundamentales para el tejido social, protege la voz individual y el derecho colectivo a recibir información.
Durante el 2023, se documentaron 33 detenciones arbitrarias de periodistas y ciudadanos, incluyendo el asesinato de un periodista, y 118 actos de amenaza, hostigamiento o agresiones contra civiles y trabajadores de prensa, manifestados como amenazas en redes sociales, persecuciones, confiscación de equipos, intimidaciones y agresiones, estableciendo un ambiente de miedo y autocensura que limita la libertad de expresión.
Un análisis de los ataques reveló que el 45,5% de los casos corresponden a sanciones administrativas, el 22,7% a presiones para el cierre de programas, y el 13,6% implican la confiscación de equipos.
Los medios afectados incluyen el 13,6% de los canales de televisión, el 9,1% de los medios impresos, el 72,7% de las estaciones de radio y el 4,5% de los podcasts. Además, se registraron 12 casos de bloqueos a páginas web y redes sociales realizados por el Estado y proveedores de servicios de Internet, así como ataques cibernéticos y denuncias falsas en redes sociales.
En materia económica, el primer tema a tratar fue el derecho al trabajo remunerado y digno que garantiza que todas las personas trabajen en condiciones justas y equitativas, con salarios justos y sin discriminación.
En caso de Venezuela se evidencia una gran disparidad entre las remuneraciones del sector privado y el sector público, acentuada por una política gubernamental de congelación salarial en el sector público. Durante el periodo en cuestión, el salario mínimo, incluyendo bonificaciones, fue de aproximadamente US$40 mensuales en el sector público, mientras que en el sector privado el promedio fue de US$202.
Desglosando por categorías laborales en el cuarto trimestre de 2023, los gerentes ganaron US$447 mensuales, los profesionales y técnicos US$290, y los obreros US$185, mostrando una importante disparidad salarial que puede generar desigualdades y dificultar el acceso a un nivel de vida digno.
El segundo es el derecho a un nivel de vida adecuado, que implica que las personas, los hogares o las comunidades puedan satisfacer sus necesidades básicas de manera sostenible y con dignidad, adaptándose a las necesidades físicas individuales, el entorno y las normas culturales predominantes.
En Venezuela, la inflación ha alcanzado el 193% en el último año, una cifra alarmante, aunque menor al 305% registrado en 2022 afecta el poder adquisitivo, especialmente de los trabajadores del sector público, debido a la política gubernamental de congelación de salarios reales.
Simultáneamente, el aumento del dólar oficial en un 106% en 2023 ha contribuido a la inestabilidad económica, incidiendo en los salarios, y este a su vez afecta: la adquisición de la canasta básica, estimada en 396 dólares.
En cuanto a la vivienda, los alquileres en Caracas y otras ciudades varían: por ejemplo, el costo de alquilar un apartamento de una habitación oscila entre 100 y 250 dólares, mientras que una vivienda de dos habitaciones puede costar entre 300 y 650 dólares, dependiendo de la ubicación. Muchos propietarios exigen pagos anticipados de hasta seis meses, junto con comisiones para asesores inmobiliarios y aranceles de contrato, lo que incrementa el costo inicial de acceder a una vivienda.
El acceso a internet también presenta variaciones en costos y servicios: Los planes van desde 3,66 dólares por una velocidad de 1,0 Mbps hasta 15,35 dólares por 22 Mbps, con distintas opciones intermedias que reflejan la necesidad de una conexión más rápida para una mejor calidad de vida digital.
Estas condiciones económicas y sociales en Venezuela contravienen varios instrumentos de derechos humanos.
En materia electoral, el derecho al sufragio universal, se observó una distribución geográfica limitada de las Oficinas Regionales para el registro electoral, con solo 24 sedes en 335 municipios, lo cual dificultaba el proceso de inscripción para más de 3 millones de personas. La escasez de oficinas representaba una barrera significativa, especialmente para aquellos en áreas remotas, afectando negativamente la participación ciudadana y creando desigualdades en el ejercicio del derecho al voto.
A nivel nacional, las cifras de electores inscritos variaban por estado, con 1.692.346 inscritos en el Distrito Capital y 117.413 en Amazonas. Además, había 107.591 electores registrados en el exterior. Según un informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) publicado el 22 de octubre de 2023, se observó un incremento en el número de inscritos y reubicaciones entre el
1 de septiembre y dicha fecha, con 139.784 nuevos inscritos y 386.877 solicitudes de reubicación. Aproximadamente 3 millones de personas necesitaban inscribirse y otros 2 millones requerían actualizar sus datos para votar en las elecciones presidenciales de 2024, según la ONG Súmate.
Para garantizar una participación plena en el ejercicio democrático, era crucial mejorar el proceso de registro y actualización de datos, facilitando el acceso a todos los ciudadanos. Esto implicaba aumentar el número de sedes de registro y considerar el uso de tecnologías de registro en línea o móviles.
Al hablar de los servicios públicos, el derecho al acceso servicios básicos es fundamental para que todas las personas puedan utilizar y beneficiarse de servicios esenciales proporcionados por el Estado. El estudio evaluó específicamente los rubros de aseo urbano, electricidad, agua potable y gas en el país.
En el caso del aseo urbano, que incluye la recolección de desechos y el mantenimiento de la limpieza en las ciudades, se encontró que el 78% de las personas tenía acceso a este servicio. Sin embargo, la calidad y satisfacción del servicio variaban según la región. A nivel nacional, el 66,8% evaluó positivamente el servicio, mientras que el 32,2% lo consideró negativo. Mérida, Valencia y San Cristóbal reportaron altos niveles de satisfacción, mientras que Maracaibo, San Fernando de Apure y Barquisimeto mostraron percepciones negativas significativas.
El estudio evidenció frecuentes interrupciones eléctricas, con el 54,7% de los encuestados experimentando una o más interrupciones diarias. Barinas, San Cristóbal y Mérida reportaron los mayores índices de cortes diarios. La percepción negativa del servicio eléctrico fue predominante, con Barinas, Maracaibo y Mérida encabezando las peores valoraciones. Los principales problemas mencionados fueron las fluctuaciones constantes y el racionamiento del servicio.
El 95% de los encuestados utilizaban gas como fuente principal de cocción. Sin embargo, el uso de métodos alternativos de cocción disminuyó del 54,8% al 50,9%, indicando posibles dificultades en el acceso al gas. La mayoría de los hogares (76,9%) usaba bombonas individuales, con frecuencia de recarga insuficiente en algunas ciudades como Valencia y San Cristóbal. El 61,3% consideró adecuada la frecuencia de entrega de bombonas, pero Valencia y San Cristóbal mostraron percepciones negativas significativas.
El 64,9% de los encuestados evaluaron negativamente el servicio de agua potable, un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a la medición anterior. Porlamar, Punto Fijo y Barcelona reportaron los niveles más altos de insatisfacción. Las principales razones de descontento fueron la irregularidad en los intervalos de distribución y la falta de suministro.
Solo el 23% de los encuestados tenía acceso continuo al agua potable, y un 4,9% no tenía ningún suministro. Además, el 22,6% recibía agua dos o tres días a la semana, mientras que otros solo una vez al mes.
Cuando se investigó sobre la salud del venezolano se evaluaron dos derechos fundamentales. El primero fue el derecho al acceso a la atención médica, Venezuela enfrenta serios desafíos en términos de disponibilidad y calidad de servicios. Es crucial que todas las personas puedan acceder a servicios médicos adecuados y suficientes, incluyendo infraestructura, centros de salud, hospitales, personal y recursos médicos esenciales.
La disponibilidad de insumos médicos de emergencia muestra, en datos recientes, que los inhaladores para asma, analgésicos mayores y antihipertensivos están disponibles de manera irregular, con un alto porcentaje de días sin existencias. Entre enero y septiembre de 2022, el índice de desabastecimiento de medicamentos y suministros médicos fue del 42%, reduciéndose al 39% en 2023, aunque sigue siendo una cifra significativa que pone en peligro la vida de pacientes con condiciones críticas como la hipertensión.
Además, el 75% de los hospitales enfrentan regularmente escasez de medicamentos antihipertensivos, obligando a familiares a buscar estos medicamentos fuera de los hospitales. En cuanto a la atención de pacientes con neumonía, aunque ha habido una leve mejora en los tiempos de atención (2 horas y 42 minutos en 2023 frente a 3 horas en 2022), persisten demoras considerables.
La disponibilidad de camas de emergencia operativas y personal de salud también muestra variaciones preocupantes. El número de camas se redujo de 37 en 2022 a 34 en 2023, lo que refleja un estancamiento en la capacidad de respuesta ante emergencias. La disponibilidad de personal médico, tanto durante el día como la noche, varía, lo cual podría afectar la calidad y rapidez de la atención médica.
En cuanto a los insumos de quirófano, la disponibilidad de elementos como lencería, material desechable y analgésicos mayores es inconsistente, con un alto porcentaje de días sin disponibilidad. El índice general de desabastecimiento alcanza un preocupante 74%, afectando severamente la calidad de la atención médica y generando costos adicionales para los pacientes y sus familias que deben adquirir estos insumos.
El segundo fue el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud mental implica que todas las personas deben tener acceso a servicios de salud mental adecuados y a un entorno que promueva el bienestar emocional y psicológico, además de prevenir la discriminación y el estigma.
Los datos recopilados muestran que una parte significativa de la población venezolana enfrenta malestar psicológico, especialmente aquellos con menor nivel educativo. Muchos expresan dificultades para expresar sus sentimientos, lo cual afecta negativamente las relaciones interpersonales y la salud mental. Además, hay un alto nivel de afecto negativo, con preocupación (90%), tristeza (73%) y rabia (79%) predominantes debido a la situación del país, lo que puede generar ansiedad y desesperanza.
Las habilidades cognitivas también son afectadas, con un notable deterioro entre personas mayores de 65 años y aquellos con menor educación. Esto incluye dificultades para recordar información, concentrarse y comprender textos, lo cual limita el acceso a la educación y servicios de salud, contribuyendo a la inequidad en el disfrute de derechos.
Además, la falta generalizada de confianza en la sociedad y en las instituciones indica un ambiente de incertidumbre y temor que puede exacerbarse con prácticas autoritarias. Esta falta de confianza socava el bienestar emocional y mental de las personas, dificultando aún más el acceso a servicios de salud integral y afectando negativamente la calidad de vida.
En cuanto al derecho al acceso a la educación, se enfrenta a desafíos significativos que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos. Este derecho, que incluye educación primaria gratuita y obligatoria para todos sin discriminación, así como acceso equitativo a la educación superior, es fundamental para mitigar desigualdades sociales, reducir la pobreza y promover un desarrollo sostenible.
En el ámbito de la educación básica y media, los resultados de las pruebas estandarizadas de la edición SECEL 2022-2023 revelan un preocupante bajo rendimiento académico. Por ejemplo, en matemáticas, el 78,37% de los estudiantes de educación media reprobaron, evidenciando una falta de competencias básicas en una materia fundamental. La brecha de aprendizaje entre colegios privados y públicos es notable, con estudiantes de planteles privados obteniendo consistentemente mejores resultados, lo que subraya las inequidades en el sistema educativo venezolano.
El desempeño en habilidad verbal también presenta desafíos, con el 55,04% de los estudiantes reprobando. Aunque ha habido ligeras mejoras respecto al año anterior, la calificación promedio sigue siendo insuficiente para alcanzar los estándares mínimos de conocimiento.
En la educación superior, las condiciones de infraestructura son precarias, con problemas frecuentes de suministro de agua, electricidad e internet en la mayoría de las instituciones evaluadas. La falta de recursos especializados como laboratorios y bibliotecas adecuadas, y la insuficiencia de apoyo tecnológico para los docentes, limitan severamente las oportunidades de aprendizaje práctico y teórico. Además, la asignación insuficiente de becas universitarias —con una cantidad equivalente a solo 5,6 dólares al mes— no cubre los gastos básicos de los estudiantes, como matrículas, libros y transporte, lo que afecta negativamente su dedicación académica y su rendimiento.
El derecho a la Autonomía Universitaria es un principio fundamental que permite a las instituciones de educación superior gobernar y administrar sus propios asuntos académicos y administrativos sin interferencia externa indebida, enfrenta serias violaciones y desafíos significativos. Durante el período analizado, se han documentado múltiples incidentes que ponen en riesgo este derecho fundamental.
En primer lugar, se han registrado un total alarmante de 40 violaciones claras a la autonomía universitaria. Estas violaciones se manifiestan de diversas maneras, incluyendo la intromisión del gobierno y de entidades externas en los procesos de toma de decisiones de las universidades. Se han documentado 148 casos de acoso presupuestario contra las universidades. Este tipo de acoso se refiere a la práctica de limitar de manera injustificada los recursos económicos asignados a las instituciones educativas.
En términos de renovación de autoridades universitarias, la situación también es preocupante. Aunque algunas universidades, como la Universidad Central de Venezuela (UCV), han logrado realizar elecciones internas para renovar sus liderazgos, otras instituciones, como la Universidad de Carabobo (UC), han enfrentado serias dificultades legales y administrativas que han obstaculizado este proceso democrático. La falta de renovación de autoridades no solo afecta la dinámica gestión administrativa y académica de las universidades, sino que también limita la representatividad y la pluralidad de perspectivas en la toma de decisiones institucionales, debilitando así la capacidad de adaptación y respuesta frente a los desafíos educativos y sociales del país.
Estas violaciones sistemáticas a la autonomía universitaria en Venezuela tienen profundas implicaciones para el ejercicio de los derechos académicos, la pluralidad de ideas y la independencia de las instituciones educativas. Es crucial que se respete y proteja la autonomía universitaria como un pilar fundamental de la educación superior, garantizando la libre elección de autoridades, la participación estudiantil activa y la capacidad de las universidades para tomar decisiones internas sin interferencia externa indebida.
En cuanto al derecho a la identidad y documentación de las personas migrantes venezolanas y el contexto de la migración venezolana hacia diversos países, se ha convertido en un tema crítico y enfrenta serias barreras que afectan a las personas venezolanas en la obtención y mantenimiento de documentos de identificación válidos.
En Chile, más del 70% de los entrevistados carecen de documentos venezolanos vigentes debido a la dificultad para obtener cédulas en los consulados y los altos costos asociados con la renovación de pasaportes, los cuales son válidos solo por dos años después de su expedición.
En Argentina, cerca del 75% de las personas enfrentan la misma situación, con costos elevados y complejidades en la renovación del pasaporte. Algunos optan por esperar a cumplir cinco años de residencia para acceder a la ciudadanía argentina como alternativa.
En México, aproximadamente la mitad de los migrantes carece de documentos venezolanos vigentes, principalmente debido al costo y la dificultad para acceder al Consulado de Venezuela en Ciudad de México, junto con retrasos y falta de respuesta en el proceso de renovación.
En Colombia, solo el 20% de las personas posee pasaporte, mientras que el 80% restante cuenta únicamente con la cédula de identidad venezolana. Aunque se reconocen pasaportes vencidos para ciertos trámites, la falta de acceso a este documento representa un desafío significativo.
En Ecuador, las barreras incluyen la exigencia de documentos apostillados y altos costos de visas para la regularización migratoria, además de problemas operativos y casos de corrupción en el consulado de Venezuela que dificultan la obtención o renovación de pasaportes.
En Estados Unidos, aunque todos los entrevistados poseen pasaporte y cédula venezolana, la ruptura de relaciones diplomáticas dificulta los trámites consulares, obligando a muchos a viajar a otros países como México o Canadá para realizar gestiones, implicando costos adicionales.
En España, los migrantes venezolanos suelen tener pasaporte al llegar por avión, lo que indica cierta capacidad económica y educativa, siendo menos vulnerables en comparación con los migrantes en América Latina.
La falta de estos documentos limita el acceso a servicios esenciales como salud, educación y empleo, y expone a los migrantes a vulnerabilidades y discriminación.
En materia de seguridad personal y a la vida, se investigaron dos derechos muy importantes, el derecho a la protección contra la violencia se registraron un total de 6,973 homicidios en el país, con tasas particularmente alarmantes en el Distrito Capital (50.8 por cada 100,000 habitantes) y en el estado Miranda (41 por cada 100,000 habitantes). Estas cifras reflejan una situación de violencia generalizada y preocupante que afecta a toda la sociedad venezolana.
En cuanto a la violencia de género, las mujeres siguen siendo víctimas frecuentes. El 96% de las víctimas de muertes violentas fueron mujeres, principalmente por violaciones. Además, un alto porcentaje de mujeres resultan lesionadas en actos violentos, destacando la persistencia de esta forma de violencia en el país.
En el ámbito del maltrato infantil y adolescente, se han reportado casos alarmantes, incluyendo 12 infanticidios donde las madres actuaron directamente como victimarias o cómplices junto con el padre o padrastro. Además, se registraron numerosos casos de abuso sexual, afectando especialmente a menores de 12 años y adolescentes. Durante los primeros seis meses de 2023, se reportaron un total de 2,076 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.
El segundo es el derecho a la protección contra la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, el cual se ve comprometido especialmente entre los presos políticos, quienes frecuentemente son víctimas de estos abusos por parte de las autoridades.
Según datos recientes, se ha identificado un total de 257 presos políticos en el país, de los cuales 146 son militares y 111 civiles. Estas cifras subrayan una realidad preocupante donde muchas personas están privadas de su libertad por razones políticas o por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Además, indican un alto riesgo para estos individuos, quienes enfrentan la posibilidad real de ser sometidos a tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes mientras están bajo custodia estatal.
Es crucial destacar que el uso de métodos coercitivos para obtener confesiones o información por parte de las autoridades constituye una clara violación del derecho a la protección contra la tortura. Estas prácticas son inaceptables y deben ser condenadas enérgicamente tanto a nivel nacional como internacional.
En materia ambiental, el derecho al acceso a un medio ambiente saludable, garantiza las condiciones de vida seguras y sostenibles, esenciales para la realización de otros derechos humanos básicos como la vida, la salud y un nivel de vida adecuado.
En Venezuela, se ha documentado un alarmante promedio de 6.5 derrames por mes durante el año 2023, totalizando 79 eventos registrados. El estado más afectado fue Zulia, con 43 casos reportados, destacando una seria problemática ambiental que compromete este derecho fundamental.
Estos derrames representan una amenaza significativa para la salud pública y la conservación de los recursos naturales, evidenciando la vulneración del derecho al acceso a un medio ambiente saludable. Es imperativo implementar urgentemente medidas de prevención y control de derrames, así como promover prácticas sostenibles que aseguren la protección ambiental y la salud comunitaria. La situación en Zulia requiere atención especial debido a su alta incidencia de contaminación por derrames.
La falta de medidas preventivas y de control por parte del Estado para evitar estos derrames constituye una clara violación de su obligación de proteger el medio ambiente y garantizar este derecho fundamental. El Estado debe adoptar políticas efectivas, regulaciones adecuadas y mecanismos de supervisión y sanción para prevenir y controlar la contaminación ambiental, asegurando así la salud pública y el desarrollo sostenible del país a largo plazo.
El derecho a la libre reunión y asociación, la presencia y proliferación de organizaciones comunales y comunas reflejan un fenómeno de participación ciudadana y autogestión que busca abordar necesidades locales y promover el desarrollo comunitario. Según los datos disponibles, se han registrado 192 organizaciones socio productivas, que se dividen en varias categorías según su función y estructura. Entre ellas, destacan las Empresas de Producción Social Directa y Comunitaria (EPSDC), las Empresas de Producción Social Indirecta y Comunitaria (EPSIC), y las Unidades de Producción Familiar (UPF). Estas entidades no solo buscan generar empleo y producir bienes y servicios para la comunidad, sino también fomentar la participación activa de los ciudadanos en la gestión de sus propios recursos y necesidades.
Las comunas, por su parte, representan una forma de autogobierno local que ha ganado terreno en Venezuela. Con un total de 3,641 comunas registradas hasta el año 2023, se distribuyen en categorías que incluyen comunas indígenas, rurales, suburbanas o mixtas, y urbanas. Esta diversidad geográfica y funcionalidad refleja la variedad de contextos y realidades que existen a lo largo y ancho del país.
En cuanto a las cooperativas, se reportan 2,174 activas en diversos sectores económicos. Estas cooperativas juegan un papel importante en la economía social y solidaria del país, proporcionando empleo, generando ingresos para sus asociados y contribuyendo al desarrollo local. Sin embargo, la falta de regulación clara y estándares uniformes para estas entidades puede conducir a prácticas laborales precarias, explotación y competencia desigual con el sector privado.
A pesar de los beneficios potenciales de estas iniciativas comunitarias, también existen desafíos y preocupaciones significativas. La creación de una administración pública paralela mediante la proliferación de consejos y gabinetes comunales podría llevar a la fragmentación del gobierno y la duplicación de funciones, dificultando la toma de decisiones eficiente y la rendición de cuentas. Además, la politización de estas estructuras puede introducir sesgos políticos y partidistas que comprometan la imparcialidad y la equidad en la gestión pública.
Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñan un papel crucial en la sociedad civil, proporcionando servicios esenciales, promoviendo derechos humanos, protegiendo el medio ambiente y abogando por diversas causas sociales. Sin embargo, la situación de las ONG en el país ha sido objeto de controversia y desafíos significativos, especialmente con la aprobación en primera discusión de la polémica Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines por parte de la Asamblea Nacional (AN).
Según información de la Asamblea Nacional, se menciona que existen 62 ONG en Venezuela, y se insinuó durante la sesión legislativa que estas organizaciones no tienen fines sociales, sino más bien políticos. Estas afirmaciones carecen de pruebas concretas y han sido vistas por muchos como un intento de restringir la acción de las ONG que critican al gobierno o promueven agendas de derechos humanos y justicia social.
En el ámbito sindical se presenta diversos desafíos que afectan la organización, representación y ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores. Según los informes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha certificado los procesos electorales de 184 sindicatos en 16 estados de la República, lo cual sugiere una actividad sindical significativa a nivel nacional. Sin embargo, la omisión de procesos electorales en estados importantes como Falcón, Sucre, Nueva Esparta, Apure, Monagas, La Guaira, Barinas y Dependencias Federales plantea interrogantes sobre la equidad y la inclusión en el proceso electoral sindical.
La situación actual también refleja una división geográfica en la participación sindical, donde algunos estados parecen recibir menos atención o apoyo institucional para sus procesos electorales sindicales. Esta disparidad podría influir en la representación y la capacidad de los sindicatos para defender los derechos laborales en diferentes regiones del país, lo cual es crucial para mantener la cohesión social y promover condiciones laborales justas y equitativas en todas partes.
En conclusión, las múltiples violaciones a los derechos humanos en Venezuela abarcan desde la restricción de la libertad de expresión hasta deficiencias en el acceso a servicios básicos y problemas de seguridad personal. Estas violaciones no solo afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también erosionan la confianza en las instituciones y el sistema de justicia.
La situación es crítica y requiere una atención inmediata y efectiva por parte de las autoridades y la comunidad internacional para garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todos los venezolanos.
