La clarinetista venezolana Karen Palacios, -a quien le negaron un contrato y luego fue arrestada por no estar de acuerdo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro-, fue liberada el martes después de 45 días en la cárcel.
La joven de 25 años había sido trasladada a la prisión militar y encerrada junto a los principales críticos del gobierno por violar la subjetiva ley contra el odio.
Su delito fue publicar un mensaje en redes sociales mostrando su frustración por su despido de la Filarmónica Nacional, financiada por el Estado, donde había debutado recientemente como primer clarinete.
Un juez había ordenado su liberación inmediata hace un mes, pero se concretó finalmente el martes.
«Soy libre, soy libre», dijo a la salida del penal donde la esperaban familares y amigos.
Según información obtenida por la Voz de América, Karen Palacios fue liberada bajo medida cautelar de presentación y tiene prohibido declarar a los medios o emitir comentarios en las redes sociales.
Su caso llamó la atención de las Naciones Unidas, que señaló este mes en un informe el creciente uso que hace el gobierno de las detenciones arbitrarias para intimidar a sus oponentes y para reprimir la libertad de expresión.
El clarinete es su antídoto
En 2014, Palacios fue diagnosticada con el síndrome Asperger y encontró en su obsesivo estudio de la música clásica un antídoto natural a sus frecuentes episodios de depresión.
La madre de Palacios, Judith Pérez, contó a la agencia AP la angustia de su hija durante la prisión: «Se me parte el alma porque yo sé que ella necesita su clarinete. Eso es lo que la tiene mal», dijo poco antes de que fuera liberada.
Sus vecinos también la extrañaban. Solía ensayar al libre en un solar polvoriento desde el que se divisan las verdes colinas de Caracas.
El sueño de Palacios, para el que preparaba una audición en el momento de su detención, era ingresar en la Orquesta Simón Bolívar, el emblema del mundialmente conocido sistema de jóvenes orquestas venezolanas.
Los críticos
Los partidarios del gobierno en disputa de Maduro no la ven como víctima, sino como una más que cruzó el límite permitido e incitar a la violencia cuando el 1 de mayo, un día después de que Maduro frenó una rebelión militar convocada por el líder opositor Juan Guaidó, tuiteó a sus pocos cientos de seguidores en Twitter su deseo de “leer, en una noche de insomnio, que Maduro huyó, que lo mataron, que lo apresaron, o cualquier vaina que me haga feliz».
Antes de su arresto, Palacios dijo al diario El Nacional que lamentaba esos comentarios realizados en el calor del momento y que eliminó los mensajes pocas horas después de publicarlos. Más tarde fueron recuperados por La Tabla, un medio progubernamental que señala a los opositores.
La ley del odio que llevó al arresto de Palacios fue aprobada por la Asamblea Constitucional oficialista en 2017 y contempla penas de prisión de entre 10 y 20 años para quien sea hallado culpable de instigar públicamente a la violencia contra otras personas por su raza, etnia o tendencia política.
Los defensores de la libertad de expresión sostienen que la norma se aplica de forma selectiva y la consideran una herramienta de represión y censura. El año pasado, 24 personas fueron detenidas por criticar al ejecutivo en internet, según la ONG local Espacio Público.
En total, más de 15.000 personas han sido detenidas por motivos políticos desde 2014, de acuerdo con Foro Penal, una cooperativa de abogados que representa a Palacios. En lo que va del año han sido encarceladas más de 2.200 personas, de las cuales casi 600 siguen entre rejas.
