Vía Efecto Cocuyo
El procurador especial designado por Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, puso a la orden el cargo que ejerce desde el exilio desde marzo del año pasado ante la polémica por la aprobación de 20 millones de dólares para el “fondo de litigio” durante la sesión de la Asamblea Nacional (AN), efectuada este 28 de enero, “para el pago de honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de activos de Venezuela en el extranjero”.
Hernández dirigió este miércoles 29 de enero una comunicación al presidente de la AN, Juan Guaidó, donde explica su decisión, alegando que el tema del fondo de litigio y las razones jurídicas de su creación han sido ampliamente debatidas no solo en el seno del Parlamento sino en las juntas ad-hoc de Pdvsa y del Banco Central de Venezuela (BCV), también en las comisiones creadas para tal fin, por lo que exigió “reglas claras de gobernanza” para cumplir su trabajo, que a la fecha no existen.
El fondo de litigio fue aprobado inicialmente por el Parlamento el 19 de noviembre de 2019, sin embargo no se definió en ese momento el punto de la autorización para el uso de los recursos. En la sesión de este 28 de enero, fue retomado el tema con planteamientos que Hernández consideró “viables” para lograr un mecanismo de control de los mismos, sin embargo, los partidos Primero Justicia y la fracción 16J salvaron su voto.
“Lamentablemente esto causó diversas noticias adversas sobre el manejo de los fondos-que como se sabe, ni siquiera ha sido ejecutado”- expuso Hernández.
De esta forma, el procurador designado consideró “razonable” “no ejecutar ningún pago basado en el citado acuerdo del 28 de enero, pues las dudas arrojadas por estos partidos políticos pudiesen ser empleados para investigaciones relacionadas con el patrimonio público”, comprometiendo así su responsabilidad penal y la de los miembros de las juntas ad-hoc de Pdvsa y del BCV.
Hernández también lamentó, que a pesar del tiempo de explicaciones no se haya generado un consenso político necesario para que se cumpliera con esta responsabilidad.
Además de los obstáculos para cumplir con el cargo asignado, menciona las “inmerecidas sombras de sospechas” sobre su gestión.
“Si no se cuenta con el respaldo de un Gobierno, y como es conocido, un Gobierno que no ejecuta gasto-con todos los controles imperativos y bajo el principio de la rendición de cuentas- no es Gobierno”, sentenció.
Reitera que hasta que no se genere una decisión política de consenso no se tramitará el pago de los honorarios con base a acuerdo del 28 de enero, situación que “eleva considerablemente el riesgo de los activos en el extranjero”.
Primero Justicia pide suspender acuerdo
Este miércoles, diputados integrantes de la fracción parlamentaria del partido Primero Justicia solicitaron al presidente encargado Juan Guaidó, suspender la ejecución del fondo especial de litigio “hasta tanto no se creen mejores condiciones de contraloría institucional para ello”.
Los diputados exponen en un comunicación, que según el artículo 34, numeral 3, literal b del Estatuto que rige la Transición a la Democracia, “mientras persista la situación de usurpación PDV Holding y sus filiales no pueden realizar ningún pago o aporte patrimonial a Pdvsa”.
Luego de señalar que la aprobación de este 28 de enero se realizó sin el trámite ante la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico del Parlamento, Primero Justicia pide “diferir” el punto hasta precisar “aspectos jurídicos y políticos”, en aras de promover la “transparencia pública”.
Por otra parte, solicitaron la designación de un Contralor especial por parte de la Asamblea Nacional como requisito institucional para el control de ejecución de fondos públicos.
