El pleno del parlamento de Panamá inició este lunes el debate del quinto, último y más polémico bloque del paquete de reformas que buscan transparentar el sistema electoral y acabar con prácticas clientelistas.
Los diputados de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) aprobaron antes las otras cuatro partes y dejaron para esta etapa final los temas más agudos: la financiación pública y privada de las campañas, las limitaciones de los servidores públicos que aspiran a nuevos cargos, las listas circuitales, faltas electorales por clientelismo, entre otros.
En cuanto a topes a las donaciones y fondos por tipo de elección, el debate parece inclinarse por la financiación mixta, con un aporte público de entre el 0,5 % y el 1 % de los ingresos corrientes estatales del año anterior.
Cuestionado este lunes por los diputados, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery abogó por la opción mixta como la más «factible», porque el abordaje total por parte del Estado es muy costoso -por encima de los 80 millones de dólares- e implicaría un cambio cultural «que no solo viene de la clase política».
En el caso de las presidenciales, la propaganda electoral se pagaría exclusivamente con dinero público, un paso amplio, porque «históricamente en Panamá el 80 % del costo de una campaña electoral es publicidad», dijo a Efe el secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD-opositor), Pedro Miguel González.
Esta reforma, que permitirá «entrar en una contienda electoral con mayor equidad», anularía «la condición que hemos tenido antes de que los presidentes llegan hipotecados con ciertos sectores que financiaron su campaña», explicó González.
Para el PRD, la agrupación que concentra más votos en la AN, uno de los puntos fundamentales en el debate es el mecanismo de asignación de curules en los circuitos plurinominales, ya que algunas bancadas buscan retornar a una fórmula vigente hasta los años 1990 que beneficia a los partidos pequeños, y dificulta la formación de mayoría y la gobernabilidad.
El secretario general perredista aboga por mantener el mecanismo actual, pero considera que en general el paquete de cambios al Código Electoral es «progresista».
El Foro Ciudadano Pro-Reformas Electorales, que aportó insumos al proyecto elaborado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), pide a los políticos respetar la propuesta original.
En el primer debate del paquete, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales le hizo los primeros cambios y aumentó de 0,5 a 5 dólares por elector el tope de financiación privada que podrán recibir los candidatos, a pesar de la oposición de los organismos civiles.
Uno de los integrantes del Foro Ciudadano, Roberto Troncoso, estima que los diputados están de acuerdo con un 95 % del proyecto, pero que todavía no alcanzan consensos sobre los asuntos más difíciles. «El mundo de ellos es un mundo de transacciones», dijo a Efe.
El proyecto busca además el voto informado al obligar la publicación de los perfiles y experiencias de los candidatos, con miras a reducir el clientelismo, que a juicio de Troncoso «se ha apoderado prácticamente de la democracia».
Otros temas que entran en el quinto bloque del segundo de tres debates obligatorios es el de las listas cerradas y abiertas, y la paridad de género en fórmula de cremallera (que es, en una lista, un género seguido del otro), una propuesta estricta que Pedro Miguel González estima no pasará.
Además, que los políticos tengan que escoger un cargo en el caso de que sean electos para más de uno, o que los funcionarios en campaña deban abandonar sus puestos un año antes de los comicios.
En los otros bloques se hicieron cambios en materia de justicia electoral para moverla hacia el sistema penal acusatorio (un sistema procesal expedito) y se aprobaron requisitos que deben cumplir las encuestadoras, entre otras materias.
La AN está compuesta por un total de 71 diputados: 26 del PRD; 25 del Cambio Democrático (CD-opositor); 16 del Partido Panameñista (oficialista); 2 del Molirena; 1 del Partido Popular (PP) y 1 independiente.
